Corte Suprema toma cartas en la disputa por el Tribunal Superior santacruceño
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir de manera directa en la crisis institucional que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, luego de meses de tensión entre los poderes provinciales a raíz de la polémica ampliación de ese cuerpo.
En una resolución a la que tuvo acceso la prensa, el máximo tribunal ordenó al TSJ santacruceño remitir con carácter urgente todas las actuaciones vinculadas a la causa 917/2025, en la que se discute la validez de la reforma que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del tribunal provincial.
La Corte, además, rechazó la recusación presentada contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que despeja el camino para que esos jueces continúen entendiendo en el expediente. El eje del conflicto es la ley 3949, aprobada en agosto pasado por la Legislatura de Santa Cruz, impulsada por el oficialismo provincial con el argumento de modernizar y agilizar el funcionamiento del Poder Judicial.
Tras la sanción de la norma, el gobernador Claudio Vidal elevó cuatro ternas para cubrir los nuevos cargos. De ese proceso resultaron designados Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Sin embargo, otro sector del Tribunal Superior declaró nula la jura de los nuevos integrantes al considerar que no se habrían respetado requisitos de rango constitucional.
Escalada institucional y acusaciones cruzadas
La disputa interna dio un giro mayor cuando los magistrados que cuestionaban las designaciones resolvieron desplazar de la presidencia del cuerpo a Daniel Mariani, profundizando la puja dentro del propio TSJ. En ese contexto, también se declaró la inconstitucionalidad de la ley de ampliación, lo que sumó mayor incertidumbre sobre la integración legítima del tribunal.
El Ejecutivo provincial respondió con dureza: denunció la existencia de un supuesto “golpe judicial” y vinculó a parte de los jueces con el kirchnerismo, en el marco de un enfrentamiento político e institucional que se trasladó a los tribunales. Tanto el gobierno como los propios magistrados involucrados presentaron recursos y planteos ante la Corte Suprema nacional.
La decisión del máximo tribunal llega luego de esta cadena de presentaciones y busca arrojar claridad sobre dos cuestiones centrales: por un lado, la constitucionalidad de la reforma judicial santacruceña y, por otro, la validez de las resoluciones dictadas por el TSJ en medio del conflicto.
Qué definirá ahora la Corte Suprema
- Analizar si la ley 3949, que amplió el número de miembros del Tribunal Superior provincial, se ajusta a la Constitución.
- Revisar la legalidad de las designaciones de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
- Evaluar las decisiones posteriores del TSJ, incluida la declaración de inconstitucionalidad de la propia ley de ampliación.
- Determinar el alcance de las facultades de los poderes provinciales en materia de organización judicial frente al control federal.
La intervención de la Corte Suprema se da en un contexto de máxima tensión política e institucional en Santa Cruz, con acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial y un sector de la magistratura.
En el corto plazo, el envío del expediente a Buenos Aires y el avance del análisis en el máximo tribunal nacional serán claves para destrabar —o agudizar— la crisis. Lo que resuelva la Corte no sólo impactará en la conformación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sino que también marcará un precedente sobre los límites y alcances de las reformas judiciales provinciales bajo el paraguas de la Constitución Nacional.
