Cobrarán a las familias el costo de los operativos por amenazas escolares
NewsITe
El Gobierno de Santa Fe avanza con una política inédita frente a las reiteradas amenazas contra instituciones educativas: ya remitió 39 notificaciones formales a madres, padres o tutores de estudiantes identificados como responsables de llamados y mensajes intimidatorios que terminaron en falsas alarmas. El objetivo es que las familias afronten los costos de los operativos de seguridad desplegados, que en conjunto rondan los 200 millones de pesos.
La medida se apoya en la idea de que el Estado no sólo debe garantizar la seguridad en las escuelas, sino también proteger los recursos públicos que se destinan a cada procedimiento. Según un informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la provincia ya se logró individualizar a 73 personas vinculadas a este tipo de hechos en distintos establecimientos educativos, tanto de nivel primario como secundario.
De ese total, el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino ya envió 39 intimaciones en relación con 32 causas iniciadas en la región centro-norte. Se trata de actuaciones administrativas con una finalidad patrimonial: recuperar el dinero invertido en despliegues policiales, evacuaciones, cierres de tránsito y otras tareas derivadas de amenazas que finalmente resultan infundadas.
Cálculo de los costos y alcance del procedimiento
La subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que los montos a reclamar varían según las características de cada operativo. La base estimativa se ubica entre 5 y 6 millones de pesos, pero en casos de mayor complejidad —por distancia, cantidad de móviles, personal afectado o intervención de fuerzas especiales— la cifra puede superar los 11 millones.
La funcionaria explicó que, independientemente de la edad de quienes realizaron las amenazas, la responsabilidad recae en los adultos a cargo. El proceso se inicia con la identificación de los padres o tutores a través de la información remitida por el MPA y continúa con un trámite administrativo específico para el cobro de los gastos ocasionados.
- Las amenazas generan evacuaciones, cortes de calles y amplios despliegues policiales.
- Los costos estimados por caso oscilan entre 5 y más de 11 millones de pesos.
- Hasta el momento se detectaron 73 responsables y se notificó a 39 familias.
- El mecanismo es independiente de la causa penal, que sigue su curso en la Justicia.
Contexto provincial y mensaje a la comunidad educativa
Diakaki aclaró que aún resta información por llegar desde la Fiscalía Regional 2, que será incorporada al esquema de recupero de gastos a medida que el MPA la remita. El fenómeno de las amenazas a escuelas, muchas veces imitadas a partir de casos difundidos en redes sociales, se viene repitiendo en varias provincias del país, lo que obliga a destinar recursos extraordinarios cada vez que se activa un protocolo de seguridad.
Desde la administración santafesina remarcan que esta política busca enviar un mensaje claro a la comunidad: las amenazas, aun cuando se consideren “bromas”, tienen consecuencias concretas. No sólo se paraliza la actividad escolar y se genera temor en estudiantes y docentes, sino que además se malgastan fondos que podrían destinarse a mejorar infraestructura educativa, reforzar la seguridad cotidiana u otros servicios esenciales.
“El Gobierno provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad”, subrayó Diakaki, y agregó que la prioridad es “proteger los recursos públicos de las santafesinas y los santafesinos”.
Con el avance de las notificaciones y la posibilidad de nuevos reclamos, Santa Fe se suma al grupo de jurisdicciones que endurece su respuesta frente a las amenazas escolares. El desafío será combinar estas sanciones económicas con campañas de concientización que ayuden a prevenir conductas que ponen en riesgo, innecesariamente, la tranquilidad de la comunidad educativa.
