En off, los CEO y gerentes de importantes empresas de la región describen al doctor Fabián Maggi, representante legal de la ONG Foro Medioambiental San Nicolás, como “un personaje capaz de cualquier cosa” por dinero. Solo por la causa que derivó en el cierre definitivo de Atanor, percibió honorarios por 150 millones de pesos. “Te aprieta porque es socio de peritos que pueden inventar pruebas”, aseguran. Otra importante compañía le habría pagado U$S 60.000 cash para que el letrado no cumpliera su amenaza de iniciar una demanda. Afirman que tiene vínculos “societarios” con funcionarios judiciales que trabajan por el éxito de las causas iniciadas.
De la redacción de EL NORTE
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El doctor Fabián Maggi, representante legal de la ONG Foro Medioambiental San Nicolás, ha encontrado en el ámbito del derecho ambiental un territorio virgen para avanzar sobre aquellos emprendimientos públicos y privados que, denuncia mediante, puedan representar un importante rédito económico. No es casualidad que el letrado sea la cara litigante contra empresas como Atanor, Acindar, Ternium (por considerarla solidariamente responsable en una causa contra Carboquímica del Paraná), Fiplasto, Prochem Bio, Sidersa, las municipalidades de San Nicolás y Ramallo, entre otros. Su táctica, según relatan fuentes empresariales, “es mafiosa: te aprieta porque es amigo de peritos que pueden inventar pruebas”, aseguran. “Así te arma una causa, impulsando amparos judiciales que paralizan inversiones y obras. Y entonces terminás perdiendo plata y tiempo”, cuenta el CEO de una importante compañía de la región. “Algunos, para evitarse esas complicaciones que pueden ser eternas, terminan arreglando de otra manera”, agrega. Esta última referencia está vinculada al pago en efectivo de U$S 60.000 que habría consensuado la máxima autoridad ejecutiva de una compañía muy importante, a cambio de que el doctor Maggi no avanzara con la amenaza de iniciar una demanda por presunta contaminación ambiental.
“El que no transa, bueno, se tiene que atener a consecuencias graves. El caso emblemático es el de Atanor”, relata otra fuente empresarial. En efecto, la compañía del Grupo Albaugh debió cerrar sus puertas definitivamente, despidió a 150 operarios y mudó sus operaciones a otras ciudades luego de que la Justicia paralizara su producción durante más de diez meses. En este caso, las fuentes consultadas refieren a una complicidad entre el abogado Fabián Maggi, un perito abogado llamado Homero Bibiloni y la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien resolvió suspender todas las operaciones de la planta en lugar de aplicar esa medida restrictiva al sector de síntesis de atrazina, tras el accidente industrial ocurrido el 20 de marzo de 2024.
Las presentaciones elevadas por el doctor Maggi tienen un factor común: apuntan contra grandes empresas o bien municipios, lo que garantiza que el demandado tiene recursos económicos con los cuales responder.
Aunque la estrategia de Maggi (y sus socios) contra Atanor había comenzado diez años antes.
“En ninguna de las actuaciones impulsadas por el doctor Maggi se ha podido acreditar fehacientemente que Atanor no desarrollara su actividad productiva dentro de los estándares legales y el marco normativo vigente”, se defienden desde la empresa.
Como sea, el litigio contra Atanor ha tenido un rédito económico importante para el doctor Maggi y sus socios en los diferentes procesos civiles y penales que ha impulsado en los últimos años. La jueza Díaz Bancalari le ha regulado honorarios por la suma de $150.000.000. Aunque la sumatoria por litigios entre todas las empresas rondaría los mil millones de pesos.
Donde hay dinero…
Como abogado representante de FOMEA, el doctor Fabián Maggi ha iniciado pleitos contra grandes empresas y contra estados municipales. Atanor no es la única compañía multinacional a la que le apuntó el letrado. También inició demandas contra Ternium, del Grupo ArcelorMittal, por la apertura de la Bajada de Ponce de León, aunque esa demanda no prosperó. Tampoco tuvo éxito en su intento de impedir el desarrollo del Predio Ferial de San Nicolás, tras avanzar con una acción civil contra Exponenciar, la empresa que organiza Expoagro.
Además, Maggi impulsó medidas contra Fiplasto (Expte. 11600), contra el empresario Gustavo Degliantoni (Expte. 3675), fallecido en un accidente de helicóptero ocurrido sobre el río Paraná. También contra las empresas Prochem Bio y Marbuy Group. Y contra Ternium, del Grupo Techint, por considerarla solidariamente responsable en una causa contra Carboquímica del Paraná. Insólito.
En tanto, como representante de FOMEA, el abogado también inició procesos contra estados municipales. Varias de estas acciones tienen como objetivo a la Municipalidad de San Nicolás. La que derivó en la prohibición de uso de las playas Barranquitas y El Arenal es una de ellas.
Asimismo, en representación de la ONG Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA), Maggi inició un recurso contra Sidersa por la construcción de una planta siderúrgica.
“El que no transa, bueno, se tiene que atener a consecuencias graves. El caso emblemático es el de Atanor”, relata una de las fuentes ligadas al sector empresarial consultadas por EL NORTE.
