La iniciativa fue impulsada por el legislador Marcelo Leguizamón del bloque Hechos para conocer detalles del plan implementado por la Dirección General de Cultura y Educación.
Las amenazas de ataques armados en escuelas de la provincia de Buenos Aires generaron un pedido de informes al Gobierno provincial impulsado por un senador de La Plata del bloque Hechos, que busca conocer en detalle el protocolo de actuación implementado. La solicitud apunta a obtener precisiones sobre las medidas adoptadas frente a más de mil casos registrados en las últimas semanas.
Según datos oficiales citados por DIB, la seguidilla de amenazas, que hasta el momento resultaron falsas, obligó a un despliegue preventivo de fuerzas de seguridad y a la elaboración de un plan de urgencia por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. En ese contexto, el senador por el bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó un proyecto parlamentario para acceder a información concreta sobre su aplicación.
El legislador solicitó detalles sobre la existencia de un protocolo específico ante situaciones de violencia extrema en escuelas, su forma de activación, los organismos intervinientes y las acciones implementadas para prevenir riesgos y proteger a la comunidad educativa.
El proyecto también requiere datos sobre denuncias registradas, sistemas de alerta temprana, capacitaciones, criterios de comunicación con las familias y medidas especiales en los distritos más afectados. “Cuando está en juego la seguridad de la comunidad educativa, no puede haber respuestas improvisadas ni información fragmentada. El Estado debe dar certezas, prevención y protocolos claros”, sostuvo Leguizamón.
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En los fundamentos de la iniciativa, se especifica que el objetivo es “apunta a fortalecer la prevención, exigir transparencia y promover una respuesta estatal clara frente a una problemática que genera preocupación social y requiere abordaje urgente”.
En paralelo, la Coalición Cívica presentó otro proyecto vinculado a esta situación. La propuesta plantea que los padres de los alumnos identificados como autores de amenazas afronten una multa destinada a cubrir los costos de los operativos de seguridad desplegados.
