Allanamiento histórico en la Unidad Penal 9 platense
NewsITe
La Justicia bonaerense investiga una presunta red de corrupción dentro de la Unidad Penal N°9 de La Plata, donde se habría montado un mercado ilegal de bienes y sustancias prohibidas con posible participación de personal del Servicio Penitenciario. En los últimos días se concretó un allanamiento de gran magnitud que dejó al descubierto la existencia de un circuito paralelo de comercio dentro del penal.
El caso se originó a partir de denuncias que apuntaban a la desviación de mercadería destinada a los internos, principalmente alimentos y otros insumos básicos. Según la investigación, esos productos no llegaban en su totalidad a la población carcelaria, sino que terminaban concentrados en manos de un detenido apodado “El Tano”, señalado como referente de la venta interna en uno de los pabellones.
De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia NA, en ese sector se comercializaban cigarrillos, comidas, artículos de uso cotidiano e incluso sustancias prohibidas como drogas y alcohol. El funcionamiento de este mercado clandestino habría sido posible, siempre según la hipótesis fiscal, gracias a la connivencia de distintos escalones de la estructura penitenciaria, desde el manejo de los depósitos hasta autoridades con capacidad de controlar el ingreso y la distribución de la mercadería.
Secuestro masivo de tecnología y elementos prohibidos
Con los elementos reunidos en la causa, la fiscal Virginia Bravo encabezó un operativo que incluyó una requisa celda por celda y la intervención de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y peritos de la Policía Científica. El procedimiento se extendió durante varias horas y tuvo como resultado el secuestro de una enorme cantidad de elementos cuya tenencia está vedada para los internos.
Entre lo incautado figuran más de un centenar de teléfonos celulares, notebooks, computadoras de escritorio, routers, dispositivos de almacenamiento digital y equipos para conexión a internet, incluyendo amplificadores de señal. También se encontraron consolas de videojuegos, grandes cantidades de cigarrillos y otros objetos que habrían sido utilizados para sostener el circuito de comercialización clandestina.
La causa, caratulada como “Marchessi Cristian y otros s/ denuncia”, no sólo apunta a los detenidos presuntamente involucrados, sino también a personal jerárquico del penal. Bajo la lupa quedaron responsables de los depósitos y autoridades de la Unidad Penal 9, sospechados de intervenir en el desvío de la mercadería que debía llegar en forma regular a los pabellones.
Impacto institucional y próximos pasos de la investigación
La investigación está a cargo de la fiscal Bravo y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, cuya titular, la jueza Marcela Garmendia, avaló los planteos y medidas solicitadas por el Ministerio Público. Todo el material secuestrado fue trasladado a sede judicial para su peritaje y análisis, con el objetivo de reconstruir la trama de vínculos y responsabilidades.
Fuentes del expediente no descartan que, a partir del estudio de los dispositivos electrónicos y de la documentación hallada, se ordenen nuevas diligencias, ampliación de imputaciones e incluso detenciones de agentes penitenciarios o internos que todavía no figuran formalmente acusados. El caso podría escalar y convertirse en un fuerte llamado de atención sobre el control interno en las cárceles bonaerenses.
La pesquisa abre un frente de tensión dentro del sistema penitenciario provincial, donde vuelven a quedar expuestos los problemas estructurales de corrupción y manejo irregular de la mercadería destinada a las personas privadas de la libertad.
En los próximos días, la fiscalía avanzará con la toma de declaraciones, el análisis del material secuestrado y la definición de nuevas medidas de prueba. El avance de la causa será seguido de cerca por las autoridades provinciales, ante el eventual impacto institucional que podrían tener sus resultados.
