Avanza la causa por las muertes vinculadas al fentanilo
NewsITe
El empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., declaró durante tres horas ante la Justicia federal y continuará su indagatoria el próximo miércoles, en el marco de la causa que investiga más de 114 muertes vinculadas al uso de fentanilo presuntamente contaminado.
Fuentes judiciales indicaron que el testimonio de García Furfaro se extendió más de lo previsto y que el propio imputado manifestó que aún tenía “mucho para decir”, por lo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió pasar la audiencia a un cuarto intermedio y fijar su reanudación para el 29 de abril.
La declaración actual corresponde a la segunda indagatoria del empresario en este expediente. El pasado 23 de abril había comenzado a declarar por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, pero tras unas tres horas de exposición el trámite debió suspenderse por problemas de conexión y se retomó de manera presencial este lunes.
En línea con lo que expresó en 2025, García Furfaro volvió a insistir en que lo ocurrido fue, según su postura, un “atentado” contra los laboratorios y negó tener responsabilidad directa en la contaminación por bacterias que se detectó en las ampollas de fentanilo. La investigación, sin embargo, lo ubica en un rol central dentro de la estructura de decisión de las firmas involucradas.
Una causa que crece: de 20 a más de 100 muertes
El expediente que instruye el juez Kreplak atraviesa una etapa clave. Cuando se tomaron las primeras indagatorias, los procesados —14 en aquel momento— estaban acusados sólo por la muerte de 20 pacientes. Con el avance de las pericias y la incorporación de nuevos casos, el número de fallecimientos atribuidos al presunto fentanilo adulterado trepó a alrededor de 114.
En ese contexto, el magistrado ordenó una nueva ronda de declaraciones para robustecer la imputación, sumar hechos a la acusación y precisar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Hoy la mira de los investigadores está puesta en la cadena completa de producción y distribución del opioide, así como en los mecanismos de control interno dentro de los laboratorios.
Según la calificación legal vigente, García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que habría derivado en el fallecimiento de 20 personas. A eso se suma la imputación por “adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”, en concurso real de delitos.
Cómo se habría adulterado el lote de fentanilo
La acusación sostiene que el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes del plantel de HLB Pharma Group y Ramallo S.A. en distintas decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31.202 de fentanilo, un poderoso analgésico opioide de uso hospitalario. Ese lote estaba destinado al sistema de salud público y contaba con una orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.
- El proceso de elaboración del lote 31.202 habría presentado “múltiples falencias”, varias de ellas calificadas como críticas por los peritos.
- Durante la producción se habrían registrado diversas alertas internas que, según el expediente, no fueron atendidas adecuadamente.
- La consecuencia de esas fallas habría sido la contaminación de las ampollas con bacterias, con impacto directo en la salud de los pacientes.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, señala uno de los escritos judiciales que forman parte de la causa.
Mientras se aguarda la reanudación de la indagatoria de García Furfaro, la Justicia federal busca delimitar con mayor precisión las responsabilidades penales de los directivos y empleados de los laboratorios implicados, en una causa que se convirtió en una de las investigaciones sanitarias y judiciales más sensibles de los últimos años en el país.
