Santa Fe aplica millonaria multa a padres por amenaza escolar
NewsITe
El Gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a padres de un estudiante identificado como autor de una amenaza contra una escuela de la provincia. El monto reclamado por los operativos de seguridad asciende a $6.024.944 y marca el inicio de la aplicación efectiva de la política que busca desalentar las intimidaciones anónimas a establecimientos educativos.
El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó que el procedimiento se llevó adelante en la ciudad de Santa Fe y que la boleta fue entregada «a ambos padres de un menor que fue identificado como autor de una de las amenazas». La suma corresponde a los costos generados por la intervención policial, el despliegue de recursos y la respuesta estatal ante el llamado intimidatorio.
La notificación, realizada este lunes por la Policía provincial, tuvo además una reacción que el propio Cococcioni relató ante la prensa. Según indicó, el adulto responsable, al ver el monto, respondió con ironía: «Cara la jodita». Para el Gobierno provincial, esa reacción grafica el mensaje que se busca instalar: las amenazas escolares no son una broma, sino hechos que generan gastos, movilizan fuerzas de seguridad y alteran el funcionamiento de la comunidad educativa.
El documento entregado a los padres detalla el monto de la deuda, los medios disponibles para efectuar el pago y el plazo: cinco días corridos. En caso de que no se regularice la situación dentro de ese período, el expediente se girará a la Fiscalía de Estado para continuar el reclamo por la vía judicial, lo que podría sumar intereses y costos adicionales.
Más de 50 casos identificados y un mensaje a toda la comunidad
Cococcioni señaló que las autoridades ya identificaron a los responsables de 58 hechos vinculados con amenazas a escuelas en toda la provincia. Esto implica «más de 70 personas involucradas», ya que en varios episodios se detectó la participación de más de un autor o la responsabilidad de varios adultos a cargo de los menores.
El ministro detalló que el proceso se activa una vez que la Fiscalía confirma las identidades de quienes realizaron las amenazas, sean mayores o menores de edad, punibles o no. A partir de esa validación se individualiza a los responsables legales y se emiten de manera automática las intimaciones de pago, replicando el esquema de este primer caso que supera los 6 millones de pesos.
- Plazo de pago de cinco días desde la notificación.
- Responsabilidad solidaria de los padres o tutores del menor.
- Más de 58 hechos ya esclarecidos y en proceso de cobro.
- Posible intervención de Fiscalía de Estado ante la falta de pago.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», remarcó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Con esta medida, la gestión santafesina busca enviar una señal clara: las amenazas que obligan a evacuar escuelas, suspender clases y desplegar operativos de seguridad tendrán consecuencias económicas concretas para los adultos responsables. El objetivo, subrayan en la Casa de Gobierno provincial, es proteger a la comunidad educativa, reducir la reiteración de estas conductas y reforzar la idea de que no se trata de simples bromas, sino de hechos que comprometen recursos públicos y la tranquilidad social.
