La investigación comenzó en Santiago del Estero, tras la desaparición de una adolescente embarazada producto de una violación. El caso llegó hasta una clínica de Villa Ballester, donde la Justicia encontró restos biológicos e inició varias líneas de investigación.
Una causa iniciada en Santiago del Estero por el abuso sexual de una adolescente embarazada derivó en una investigación judicial de alto impacto en la provincia de Buenos Aires. El expediente avanzó hasta la Clínica Santa María de Villa Ballester, donde durante un procedimiento policial se hallaron ocho fetos en bolsas de residuos patológicos.
El caso generó inicialmente una hipótesis de extrema gravedad: la posible existencia de una red vinculada a la comercialización de bebés. Sin embargo, con el correr de los días, la Fundación CIGESAR y el médico Damián Levy defendieron la legalidad del procedimiento realizado a la menor y aseguraron que actuaron dentro del marco normativo vigente.
El origen del caso: una adolescente abusada en Santiago del Estero
La investigación comenzó con la denuncia por la desaparición de una adolescente embarazada en Santiago del Estero. La menor cursaba un embarazo avanzado, de alrededor de ocho meses, producto de una violación.
La fiscalía que investigaba el abuso necesitaba preservar material genético del feto para avanzar contra los sospechosos. Según las publicaciones citadas, dos hombres permanecían prófugos y el ADN podía convertirse en una prueba clave para sostener la acusación.
En ese contexto, las autoridades detectaron que la adolescente y su madre habían sido trasladadas a Buenos Aires. La intervención de la Fundación CIGESAR quedó bajo análisis porque, según fuentes judiciales, la organización habría gestionado y pagado el viaje desde Santiago del Estero hasta la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con lo explicado posteriormente por el médico interviniente, la menor no había podido acceder al procedimiento en su provincia de origen, lo que motivó la derivación a Buenos Aires en un contexto que fue descripto como de “extrema vulnerabilidad”.
La llegada a Villa Ballester y las primeras sospechas
La adolescente y su madre fueron ubicadas en la Clínica Santa María, en Villa Ballester. En un primer momento, según la información difundida, el director sanitario negó ante los efectivos que ambas estuvieran en el establecimiento.
Sin embargo, los investigadores realizaron una verificación dentro de la clínica y comprobaron que la menor y su madre se encontraban allí. Para ese momento, la adolescente ya había atravesado la práctica médica.
La falta de información clara sobre el destino del embarazo encendió las sospechas. La madre de la menor habría manifestado que desconocía si el bebé se encontraba con vida, lo que abrió una línea de investigación federal por la posible sustracción o comercialización de bebés.
El allanamiento y el hallazgo de ocho fetos
El caso tomó mayor gravedad cuando los efectivos inspeccionaron el depósito de residuos de la clínica. Allí encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio.
Dos de esos restos presentaban signos de desmembramiento, según la información publicada. Además, los investigadores secuestraron documentación manuscrita y registros internos que quedaron bajo análisis judicial.
A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Tres de Febrero intervino ante la posible existencia de delitos vinculados a trata de personas y sustracción de menores. En paralelo, fiscalías del Departamento Judicial de San Martín abrieron actuaciones para investigar posibles irregularidades en los procedimientos y en el manejo de restos biológicos.
La explicación de la Fundación CIGESAR
Días después, la Fundación CIGESAR difundió un comunicado para explicar su vínculo con la Clínica Santa María. La organización confirmó que mantiene un convenio con el establecimiento para utilizar sus instalaciones en prácticas médicas que requieren quirófano o internación.
La entidad sostuvo que su intervención se desarrolla dentro del marco legal vigente y bajo protocolos sanitarios oficiales. También explicó que trabaja en el abordaje integral de la salud sexual y no reproductiva, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
En relación con el caso, la fundación indicó que las autoridades intervinieron para preservar “material genético necesario” para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica. Además, buscó despegarse de cualquier maniobra irregular y sostuvo que su actuación estuvo orientada a garantizar asistencia médica.
La defensa del médico que realizó la práctica
El médico Damián Levy, ginecólogo y obstetra y presidente de CIGESAR, también defendió el procedimiento. Afirmó que actuó dentro del marco legal vigente y que la intervención se encuadró en la Ley 27.610, al tratarse de un embarazo producto de una violación.
Levy sostuvo que la adolescente no había podido acceder al procedimiento en su provincia y que la fundación intervino por la situación de extrema vulnerabilidad de la menor y su madre. Según sus declaraciones, el objetivo fue garantizar una atención “digna, segura y legal”.
Respecto de los ocho fetos hallados en la clínica, el médico afirmó que correspondían a procedimientos realizados por equipos profesionales capacitados y que estaban a la espera de ser retirados por la empresa encargada de gestionar residuos patológicos.
Qué se investiga ahora
La Justicia trabaja para determinar cuál de los restos hallados corresponde a la intervención realizada a la adolescente. Esa identificación resulta clave para obtener material genético y avanzar en la causa por abuso sexual.
Al mismo tiempo, continúan abiertas otras líneas de investigación. Una apunta al posible manejo irregular de restos biológicos en la clínica. Otra analiza si existió alguna maniobra vinculada a la sustracción o comercialización de bebés, hipótesis que surgió por la falta inicial de certezas sobre el destino del embarazo.
Las primeras evaluaciones oficiales mencionadas en las notas no habrían detectado irregularidades en el funcionamiento de la clínica. De todos modos, las pericias genéticas y el análisis de la documentación secuestrada serán determinantes para definir el rumbo de la causa.
Un caso con varias capas judiciales
El caso reúne tres planos distintos. El primero es el abuso sexual sufrido por la adolescente en Santiago del Estero. El segundo es la interrupción del embarazo realizada en Buenos Aires, que la fundación y el médico encuadran dentro de la ley. El tercero es la investigación abierta por el hallazgo de ocho fetos en la clínica de Villa Ballester.
Por eso, la causa comenzó con una denuncia por abuso, derivó en un allanamiento por sospechas sobre el destino del embarazo y terminó abriendo interrogantes sobre las prácticas realizadas en el establecimiento médico.
Mientras tanto, se confirmó que la adolescente y su madre ya regresaron a Santiago del Estero tras haber recibido la atención médica correspondiente. El avance de las pericias deberá aclarar si los restos hallados corresponden a prácticas legales correctamente registradas o si existieron irregularidades penales.
