El proyecto fue impulsdo por la senadora Carolina Moisés, tras la polémica por el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. El texto busca garantizar la presencia física de periodistas acreditados en los ámbitos centrales de decisión política y judicial.
La senadora nacional Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, presentó en el Congreso un proyecto de ley para que los tres poderes del Estado nacional cuenten con “Salas de Prensa Institucionales” de funcionamiento permanente.
La iniciativa apunta a garantizar la presencia física de periodistas acreditados en los espacios donde se toman decisiones centrales del país. El planteo alcanza al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto se conoció en medio de la controversia por el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, dispuesto por el Poder Ejecutivo. Esa decisión provocó rechazo de entidades profesionales, trabajadores de prensa y dirigentes opositores.
En ese marco, Moisés sostuvo que “no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas”, al fundamentar la propuesta presentada en el Congreso.
Una obligación para el Ejecutivo, el Congreso y la Corte
El texto impulsado por la legisladora jujeña establece que los tres poderes del Estado nacional deberán mantener salas de periodistas de manera permanente. Esos espacios no podrán ser sustituidos por modalidades exclusivamente virtuales ni trasladados a sedes alternativas que dificulten el acceso de la prensa.
Moisés preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Desde ese lugar, planteó que la presencia de periodistas dentro de las instituciones resulta necesaria para garantizar un acceso efectivo a la información pública.
La propuesta busca convertir en obligación legal una práctica que, hasta ahora, depende en gran medida de la decisión política de cada gestión. De ese modo, procura evitar que la presencia de la prensa quede sujeta a criterios discrecionales del gobierno de turno.
Límites a las restricciones y protección de acreditaciones
El proyecto también fija pautas para resguardar el ejercicio profesional del periodismo dentro del Estado. En particular, prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones.
Además, establece que cualquier restricción al ingreso de periodistas deberá ser individual, estar debidamente fundada y quedar sometida a la posibilidad de revisión judicial. Con esa cláusula, la iniciativa busca impedir decisiones generales que limiten el acceso de la prensa sin justificación concreta.
La regulación apunta a reducir la discrecionalidad oficial en la definición de quién puede ingresar, preguntar y cubrir la actividad institucional. Para la autora del proyecto, ese punto resulta clave para evitar prácticas que puedan afectar la libertad de expresión.
El acceso a la información como eje del proyecto
En los fundamentos, la iniciativa sostiene que las salas de prensa cumplen un rol central en la garantía del acceso a la información pública. También las vincula con la libertad de expresión, reconocida por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Para Moisés, esos espacios no deben entenderse como una concesión del poder político. Por el contrario, la senadora plantea que forman parte de las obligaciones propias de un Estado democrático.
“Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar”, advirtió la legisladora. Según su postura, la regulación busca establecer un límite claro frente a prácticas que puedan derivar en formas encubiertas de censura.
Moisés también señaló que, sin periodistas dentro de las instituciones, el acceso a la información puede volverse apenas formal. La iniciativa sostiene que la presencia física de la prensa permite controlar, preguntar y registrar la actividad pública de manera directa.
Un debate sobre transparencia y control democrático
La presentación del proyecto se inscribe en una discusión más amplia sobre la transparencia estatal y el rol del periodismo en el control de los actos de gobierno. El debate ganó intensidad luego del cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.
Si avanza en el Congreso, la iniciativa elevaría a rango de ley la obligación de garantizar espacios permanentes para la prensa en los tres poderes del Estado. El objetivo declarado es resguardar la circulación de información y limitar decisiones administrativas que puedan restringir el trabajo periodístico en ámbitos institucionales.
