La Justicia dispuso 30 días de detención tras imputarlo por eliminar de forma remota chats y archivos de un dispositivo secuestrado en una causa penal en Rosario.
Un hombre quedó en prisión preventiva acusado de haber participado en el borrado remoto de chats y archivos de un celular que había sido secuestrado por orden judicial en el marco de una investigación penal en Rosario. La medida fue resuelta en una audiencia imputativa realizada este viernes.
El juez interviniente dio por formalizada la acusación y dispuso 30 días de prisión preventiva efectiva. La investigación está a cargo de la Fiscalía, que atribuyó al imputado los delitos de violación de sellos y documentos por sustracción e inutilización de objetos custodiados, en calidad de coautor.
Según lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, el hombre habría actuado junto a su madre y otras personas aún no identificadas para eliminar evidencia digital contenida en un celular Motorola Edge 30 que había sido secuestrado por Asuntos Internos.
Para la Fiscalía, la maniobra tuvo como objetivo alterar y destruir evidencia digital que podía ser utilizada dentro de la investigación en curso.
Cómo se habría realizado el borrado remoto
De acuerdo a la hipótesis fiscal, la maniobra comenzó el 21 de mayo de 2025, luego de que la mujer recuperara la libertad en una causa por falso testimonio. Al salir de la sede de Asuntos Internos ubicada en Catamarca al 1200, se dirigió a una sucursal de una empresa de telefonía en Rosario, donde denunció falsamente el extravío de su teléfono con el objetivo de obtener una nueva tarjeta SIM manteniendo la misma línea.
Posteriormente, habría concurrido a un domicilio de la zona sur de la ciudad para encontrarse con su hijo, quien trabaja en la reparación de celulares y posee conocimientos de informática. Allí, según la acusación, colocaron la nueva SIM en otro dispositivo y reactivaron la cuenta de WhatsApp mediante la cuenta de correo electrónico vinculada al teléfono secuestrado.
Eliminación de chats y avance de la causa
A partir de ese momento, siempre según la investigación, comenzaron a eliminar de manera remota chats, imágenes y archivos seleccionados del equipo que permanecía bajo custodia judicial. Entre el material borrado habría conversaciones con terceros y también con funcionarios públicos que aún no fueron identificados.
La causa continúa en etapa investigativa mientras se analizan las responsabilidades de otras personas involucradas.
