El juez Ariel Lijo dispuso analizar el teléfono de Matías Tabar, quien declaró haber realizado obras por 245 mil dólares para el jefe de Gabinete. Buscan recuperar mensajes vinculados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia ordenó el peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El dispositivo fue entregado a la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones (Dajudeco), que intentará recuperar mensajes, incluidos aquellos con borrado automático. El objetivo es reconstruir comunicaciones que Tabar habría mantenido con Manuel Adorni y otros interlocutores relevantes para la investigación.
En su declaración, el contratista aseguró haber realizado obras en la propiedad por un total de 245 mil dólares, abonados en efectivo. Según detalló, Adorni pagó 55 mil dólares en 2024 y el resto en 2025, en el marco de trabajos que se extendieron durante diez meses.
Tabar también afirmó que, antes de presentarse en Comodoro Py, recibió llamadas efímeras a través de WhatsApp por parte del funcionario, en las que se le habría ofrecido orientación previa a su declaración judicial. No obstante, sostuvo que decidió no aceptar ese ofrecimiento para evitar posibles complicaciones.
En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano, quien había solicitado la detención inmediata del jefe de Gabinete. La legisladora argumentó un supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que el funcionario habría contactado a un testigo clave.
Testimonio
De acuerdo con el testimonio del contratista, las obras incluyeron distintas modificaciones en la propiedad, entre ellas instalaciones como parrillas, cascadas y jacuzzi, y fueron abonadas “en efectivo y sin factura”. Además, Tabar aportó una carpeta con fotografías del antes y después de la vivienda, facturas de compras y una lista de trabajadores que participaron en los trabajos.
El propio contratista entregó voluntariamente su celular y la clave de acceso para facilitar la investigación. Ahora, el análisis del dispositivo será clave para determinar el alcance de las comunicaciones y su posible relevancia en la causa judicial en curso.
