Caso Adorni: la fiscalía descarta, por ahora, detener al jefe de Gabinete
NewsITe
El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para que se ordene la detención inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga la compra-venta de un departamento en el barrio porteño de Caballito. El representante del Ministerio Público sostuvo que en esta etapa del expediente no se verifican los requisitos legales para avanzar con una medida de coerción tan gravosa.
En su dictamen, Pollicita remarcó que no se acreditó un “riesgo real o grave” de fuga ni de entorpecimiento de la investigación que justifique el encarcelamiento preventivo de Adorni. Según explicó, la prisión preventiva debe ser excepcional y sólo procede cuando existen elementos concretos que indiquen que el imputado podría eludir a la Justicia o interferir en la producción de pruebas.
La presentación de Pagano se apoyaba en la conocida “doctrina Irurzun”, una línea jurisprudencial que en los últimos años fue utilizada para disponer la detención de ex funcionarios bajo el argumento de que, por sus antiguos vínculos con el Estado, conservan capacidad para influir sobre la investigación. Para la diputada, Adorni tendría una “capacidad estructural” para obstaculizar el avance de la causa, más aún tras la declaración del contratista Matías Tabar.
Tabar, quien declaró el lunes ante la Justicia, aseguró haber recibido presiones de parte de Adorni horas antes de prestar testimonio. En función de esos dichos, la legisladora del bloque Coherencia reclamó no sólo la detención del funcionario, sino también la adopción de otras cautelares. Pollicita, sin embargo, consideró que por el momento no se configuraron los “extremos necesarios” para una medida de semejante envergadura.
Medidas alternativas y nuevas pruebas en la causa
Aunque rechazó la detención inmediata, el fiscal dejó abierta la puerta para evaluar restricciones menos severas, como la prohibición de contacto de Adorni con determinados testigos. De avanzar en ese sentido, el objetivo sería resguardar la libertad de declaración de quienes todavía deben comparecer en el expediente y evitar cualquier tipo de condicionamiento.
En paralelo, la Justicia ordenó el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar. A través de ese análisis técnico se buscará corroborar la existencia de mensajes, llamadas y comunicaciones que el contratista dijo haber mantenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti. El resultado de esa pericia podría aportar elementos clave para determinar el alcance del vínculo entre las partes y la eventual existencia de presiones.
El avance de la investigación continuará esta semana con nuevas citaciones. Para este miércoles está prevista la declaración testimonial de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la operación inmobiliaria bajo la lupa judicial. Los investigadores intentan reconstruir el circuito financiero de la compra-venta, el origen de los fondos y las condiciones del acuerdo.
- El fiscal Gerardo Pollicita descartó, por ahora, pedir la detención de Manuel Adorni.
- Se ordenó peritar el celular del contratista Matías Tabar para verificar supuestas presiones.
- La diputada Marcela Pagano invocó la “doctrina Irurzun” para fundamentar su pedido.
- Seguirán las declaraciones de testigos, entre ellas la de Leandro Miano, vinculado a una de las prestamistas.
La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo procede cuando se acreditan riesgos procesales concretos, como la posible fuga del imputado o el entorpecimiento de la investigación.
Con el foco centrado en el rol del jefe de Gabinete y en las presuntas presiones denunciadas, la causa seguirá sumando testimonios y pruebas periciales en los próximos días. Recién entonces se evaluará si corresponde avanzar con medidas más severas sobre Adorni u otros involucrados, en un expediente que, más allá de la disputa judicial, ya tiene fuertes derivaciones políticas.
