La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas y confirmó traslados, restricciones y denegación de beneficios para líderes criminales de Santa Fe considerados de alto riesgo.
Según informó “La Capital”, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad impuestas a jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos presentados por sus defensas. La decisión confirmó traslados, restricciones y condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La Sala II del tribunal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, resolvió en cuatro expedientes distintos rechazar los planteos de los abogados de reconocidos líderes criminales santafesinos detenidos en cárceles federales. Según los magistrados, las presentaciones carecían de fundamentos suficientes para habilitar su revisión.
De esta manera, se convalidaron decisiones previas que habían denegado beneficios como visitas íntimas, así como cuestionamientos a los traslados a pabellones de máxima seguridad.
Entre los casos analizados se encuentra el de Esteban Lindor Alvarado, quien cumple prisión perpetua por homicidio calificado y acumula condenas por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. Los jueces remarcaron su perfil de alto riesgo, especialmente tras su vinculación con un plan de fuga que incluía la compra de un helicóptero en 2023.
También figura Máximo Ariel “Guille” Cantero, detenido en la cárcel federal de Marcos Paz y considerado líder de la banda Los Monos. Según consta en el expediente, suma condenas que superan los 130 años de prisión por delitos como homicidios, narcotráfico y amenazas, varios de ellos cometidos mientras estaba detenido.
Por su parte, Mauro Nahuel Novelino, oriundo de Venado Tuerto, cumple una condena unificada de 35 años y también registra acusaciones por delitos cometidos desde la prisión.
En tanto, Leonardo Roberto Airaldi, exdirigente rural, enfrenta un juicio por presunta financiación del narcotráfico y la planificación de ataques contra funcionarios judiciales, lo que motivó su inclusión en el régimen de máxima seguridad.
Con este fallo, la Cámara reafirmó el criterio de mantener estrictas condiciones de detención para los principales referentes del crimen organizado en la región, en función del riesgo que representan incluso desde el encierro.
