Avanza el jury contra los fiscales que investigaron el crimen
La investigación por el crimen de Nora Dalmasso volvió a quedar en el centro de la escena judicial de Córdoba. La fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, a quienes les atribuye mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de una de las causas más resonantes de las últimas dos décadas.
El pedido fue formulado durante la jornada de alegatos ante el Jurado de Enjuiciamiento que sesiona en la Legislatura provincial. Allí, Croppi detalló los puntos que, a su criterio, demuestran que los funcionarios incumplieron con sus deberes y demoraron injustificadamente el esclarecimiento del asesinato ocurrido en noviembre de 2006 en el barrio Villa Golf de Río Cuarto.
La abogada Mariángeles Mussolini, representante legal de Facundo Macarrón —hijo de la víctima y quien llegó a estar imputado y luego sobreseído—, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la acusadora avanzó con la solicitud de remoción, en un contexto en el que el caso volvió a tomar impulso a partir de nuevos estudios de ADN.
Críticas a la actuación de cada fiscal
Según expuso Croppi, el fiscal Javier Di Santo habría desatendido evidencia clave desde los primeros días de la pesquisa. Apuntó particularmente a la figura del parquetista Roberto Bárzola, quien declaró mientras se velaba a Dalmasso que esa mañana había ido a la casa de la familia Macarrón y que nadie respondió a su llamado.
“Tenía al autor del homicidio ante sus ojos”, remarcó la fiscal general adjunta, al cuestionar por qué un hombre que se ubicaba a sí mismo en la escena del crimen no fue tratado como sospechoso ni se profundizó su coartada en esa etapa inicial.
Informes ignorados y una acusación sin sustento
Respecto de Daniel Miralles, Croppi indicó que el funcionario habría ignorado informes periciales que daban cuenta de un abuso sexual con acceso carnal contra Dalmasso. Según la acusadora, esa omisión impactó en la calificación del hecho y en la orientación de toda la pesquisa posterior.
- Omisión de seguir líneas de investigación vinculadas a presunto abuso sexual.
- Falta de valoración integral de informes forenses y de laboratorio.
En cuanto a Luis Pizarro, cuestionó la acusación por homicidio agravado por promesa remuneratoria que formuló contra Marcelo Macarrón, viudo de la víctima. Dijo que esa hipótesis carecía “del sustento mínimo para llegar a juicio” y que el fiscal ni siquiera profundizó en la figura del supuesto sicario que habría sido contratado para cometer el crimen.
Para la fiscal general adjunta, la combinación de omisiones, hipótesis débiles y pruebas mal valoradas derivó en un derrotero judicial que extendió por años la impunidad en el caso Dalmasso.
El giro del ADN y la situación de Roberto Bárzola
Uno de los elementos que reactivó el expediente fue la pericia genética realizada en 2024, a 18 años del crimen. Los estudios determinaron que el ADN hallado en el cinturón de la bata de la víctima y en su zona íntima pertenece a Roberto Bárzola, quien al momento del hecho trabajaba en la vivienda de los Macarrón.
Pese a ese hallazgo, Bárzola permanece en libertad mientras se evalúa el impacto procesal de la nueva evidencia y se revisa el camino recorrido por la causa. Para la acusación, estos resultados refuerzan la necesidad de analizar en profundidad las decisiones adoptadas por los fiscales ahora en la mira del jury.
El proceso de enjuiciamiento continuará con los alegatos de las defensas y, más adelante, con el veredicto del Jurado. La definición sobre el futuro de los tres fiscales se inscribe en un intento institucional por dar respuesta a una causa que marcó a la sociedad cordobesa y que sigue abierta casi dos décadas después.
