Las compañías apelan el veredicto de California que las responsabilizó por el impacto de Instagram y YouTube en una usuaria joven. En paralelo, Nuevo México reclama miles de millones de dólares y cambios profundos en las plataformas de Meta para proteger a menores.
El debate por el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes ya no se limita al campo científico. Mientras estudios internacionales advierten sobre asociaciones entre el uso intensivo de plataformas digitales y mayores riesgos de ansiedad, depresión, baja autoestima y autolesiones, la discusión también avanzó hacia los tribunales de Estados Unidos.
En ese escenario, Meta y Google enfrentan causas judiciales que podrían marcar un precedente para la industria tecnológica. Las demandas no apuntan solamente al contenido que consumen los usuarios, sino al diseño de las plataformas, a sus mecanismos de recomendación y a las funciones creadas para retener la atención durante más tiempo.
Un fallo en California puso el foco sobre Instagram y YouTube
En marzo de 2026, un jurado de California declaró responsables a Meta y Google por negligencia en el diseño de Instagram y YouTube, en el marco de una demanda presentada por una joven usuaria y su madre. El caso fue considerado un antecedente relevante porque trasladó el eje de la discusión desde el contenido publicado por terceros hacia la conducta de las propias plataformas.
El jurado ordenó el pago de 6 millones de dólares en daños: 4,2 millones a cargo de Meta y 1,8 millones a cargo de Google. La demanda sostuvo que ambas compañías diseñaron sus servicios de manera negligente, favorecieron un uso compulsivo desde edades tempranas y no advirtieron de manera suficiente a los usuarios ni a sus familias sobre los posibles efectos negativos.
La resolución generó especial atención porque no se apoyó en leyes antiguas para intentar encuadrar una tecnología moderna. En cambio, aplicó un principio jurídico básico: las empresas tienen el deber de actuar razonablemente frente a los riesgos que conocen o deberían conocer.
Ese punto resulta central para el debate. Los demandantes no afirmaron que el problema estuviera únicamente en lo que la joven veía en las plataformas, sino en funciones como la reproducción automática, el desplazamiento infinito, los sistemas de recomendación y otros recursos pensados para sostener la permanencia de los usuarios.
Meta y Google buscan revertir el veredicto
Tras el fallo, Meta pidió a un juez de Los Ángeles que anule el veredicto y falle a su favor o, en su defecto, ordene un nuevo juicio. Google también anticipó que apelará y solicitó que se deje sin efecto la decisión del jurado o se realice un nuevo proceso.
La defensa de Meta sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio vincularon los problemas de salud mental de la demandante con el contenido que consumía y no con las funciones de diseño de la plataforma. Además, la compañía invocó la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma federal de 1996 que suele proteger a las plataformas por el contenido generado por los usuarios.
Sin embargo, ese argumento aparece discutido en este tipo de litigios. Los demandantes buscan diferenciar el contenido publicado por terceros de las decisiones empresariales sobre el funcionamiento de las plataformas. Según esa mirada, el punto no es solamente qué aparece en Instagram o YouTube, sino cómo esas plataformas fueron diseñadas para captar y sostener la atención de los menores.
El caso también expuso el peso que pueden tener los documentos internos de las compañías. En la demanda se mencionaron estudios y registros internos que, según los demandantes, mostrarían que las empresas conocían posibles efectos negativos en determinados grupos de usuarios jóvenes y no los informaron de manera adecuada.
Nuevo México reclama cambios profundos en las plataformas
Otro frente judicial se abrió en Nuevo México, donde el Estado solicitó que Meta sea declarada responsable de una “molestia pública” y pidió una compensación de 3.700 millones de dólares. Además, reclamó reformas en Facebook, Instagram y WhatsApp para proteger a los usuarios jóvenes.
La causa fue iniciada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusa a Meta de diseñar sus plataformas para generar adicción entre menores y de no protegerlos suficientemente frente a riesgos graves. En una primera etapa del proceso, un jurado ya había considerado que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar la seguridad de sus plataformas para usuarios jóvenes, y ordenó el pago de 375 millones de dólares.
La nueva fase del juicio puede tener un alcance más amplio. El juez deberá definir si las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública” bajo la legislación de Nuevo México. Si acepta ese planteo, podría ordenar medidas correctivas de gran impacto sobre el funcionamiento de los servicios.
Entre los cambios solicitados aparecen la verificación de edad, modificaciones en los algoritmos para promover contenido de mayor calidad para menores y la eliminación de funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito en cuentas juveniles.
El límite entre regulación, justicia y modelo de negocio
El caso de Nuevo México también abrió una discusión sobre los límites del Poder Judicial. El juez Bryan Biedscheid advirtió que algunas de las medidas reclamadas podrían implicar un exceso, ya que los tribunales no cumplen el rol de una legislatura ni de un organismo regulador.
La defensa de Meta sostuvo una posición similar. La empresa afirmó que los cambios pedidos por el Estado equivalen a una reforma regulatoria que debería discutirse en el ámbito legislativo. Incluso advirtió que, si esas exigencias fueran aprobadas en esos términos, operar en Nuevo México podría volverse insostenible.
Del otro lado, los abogados del Estado argumentaron que Meta solo adopta medidas de seguridad cuando se ve obligada a hacerlo. Esa tensión resume una de las preguntas centrales del debate actual: si las plataformas conocen los riesgos de sus propios productos, ¿deben modificar voluntariamente su funcionamiento o debe intervenir el Estado?
El avance de estas causas coincide con una preocupación creciente en varios países. Australia implementó restricciones para menores de 16 años, Francia exige consentimiento parental para usuarios menores de 15 y distintos estados de Estados Unidos analizan medidas similares. Sin embargo, especialistas advierten que las prohibiciones aisladas suelen ser insuficientes, ya que muchos adolescentes encuentran formas de eludir los controles.
En ese marco, el debate se desplaza cada vez más hacia la responsabilidad de las empresas tecnológicas. Las redes sociales ofrecen espacios de comunicación, entretenimiento e información, pero su modelo de negocio depende en gran medida de la atención sostenida de los usuarios. Cuando ese diseño alcanza a niños y adolescentes, la discusión deja de ser solo familiar o individual y se convierte en un problema sanitario, jurídico y regulatorio.
