La UTEP convocó movilizaciones en distintos puntos del país tras la cautelar que ordenó mantener vigente el programa y pagar los haberes de mayo. El reclamo apunta ahora a la restitución definitiva y a la actualización del Salario Social Complementario.
Organizaciones sociales llevan adelante este jueves una nueva jornada nacional de protesta para reclamar por la continuidad del programa Volver al Trabajo, luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno nacional mantenerlo vigente y garantizar el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo.
La convocatoria fue impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. La organización planteó que el cobro efectivo del programa representa un avance, aunque advirtió que el conflicto sigue abierto y que el objetivo central es lograr la restitución definitiva del beneficio y la actualización del Salario Social Complementario.
El epicentro de la protesta será el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También están previstas asambleas sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata y movilizaciones en otros puntos claves del territorio bonaerense, como Mar del Plata y Bahía Blanca.
La jornada se desarrolla después de que una medida cautelar obligara al Ministerio de Capital Humano a retroceder con la eliminación del programa Volver al Trabajo, creado tras la reformulación del ex Potenciar Trabajo. A partir de esa resolución judicial y de la presión de las organizaciones sociales, este miércoles se acreditaron los pagos para los beneficiarios.
El reclamo de las organizaciones sociales
Desde la UTEP sostienen que el intento oficial de avanzar con el cierre del programa implicaba “empujar a la indigencia a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. Además, señalaron que la medida afectaba el funcionamiento de cooperativas, comedores comunitarios y espacios de cuidado en distintas regiones del país.
La organización también cuestionó los argumentos oficiales vinculados al ajuste y al equilibrio fiscal. En ese sentido, remarcó que el costo fiscal del programa representa “apenas el 0,1% del PBI nominal” y denunció que las políticas de recorte “benefician a los grandes grupos económicos mientras golpean a los sectores más vulnerables”.
El reclamo, por lo tanto, no se limita al pago de mayo. Las organizaciones buscan que el programa continúe de manera estable, que se restituyan plenamente las condiciones previas y que se actualice el ingreso que perciben los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Los cambios en los planes sociales
El programa Volver al Trabajo fue presentado en abril de 2024 como parte de la reformulación del ex Potenciar Trabajo. Junto con el Programa de Acompañamiento Social, el Gobierno nacional buscó modificar el esquema de asistencia y quitar intermediarios en el proceso, entre ellos movimientos sociales y municipios.
Tras esa reconversión, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos. Alrededor de 900 mil personas pasaron al programa Volver al Trabajo, mientras que cerca de 300 mil quedaron bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Este último grupo no fue alcanzado por la baja.
El programa Volver al Trabajo está orientado a personas de entre 18 y 49 años. Su objetivo formal es fortalecer habilidades laborales, mejorar la empleabilidad y promover la incorporación al mercado de trabajo formal. El nuevo esquema también incorporaba condiciones más exigentes, ya que los beneficiarios debían cumplir requisitos de asistencia y permanencia en cursos de formación. En caso de abandono, perdían el beneficio y no podían volver a acceder.
Por ahora, la Justicia ordenó mantener vigente el programa. Sin embargo, el Gobierno nacional salió al cruce de la decisión judicial y advirtió que la medida tendrá impacto sobre otras políticas previstas por el Ministerio de Capital Humano.
“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó la cartera nacional en un comunicado.
