El organismo sostuvo que la entidad habría utilizado facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos por más de $289 millones. La presentación apunta a operaciones realizadas entre 2024 y 2025 y solicita profundizar la investigación sobre proveedores, cheques y transferencias bancarias.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Andrés Vázquez, amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por la presunta integración de una “asociación ilícita fiscal”.
Según la presentación judicial a la que accedió Infobae, el organismo sostiene que la entidad habría utilizado de manera sistemática facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi $300 millones.
La ampliación fue presentada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, que ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto cercano a los $19.000 millones. Esa causa previa había puesto bajo la lupa el manejo financiero de la entidad conducida por Tapia.
En el nuevo escrito, incorporado al expediente CPE 1182/2025, ARCA profundizó la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025. Según el documento citado por Infobae, la maniobra habría generado un perjuicio fiscal de $289.336.519,66.
El organismo detectó un patrón de operaciones con proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”. De acuerdo con la denuncia, esas firmas habrían emitido comprobantes falsos para justificar pagos cuyo destinatario final no pudo ser identificado.
ARCA afirmó que la AFA habría desplegado “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y señaló que las operaciones presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante facturación apócrifa.
El escrito identifica a Tapia, presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad, como parte de la estructura investigada. También menciona al secretario Víctor Blanco Rodríguez, al dirigente Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.
La investigación se apoyó en fiscalizaciones, cruces de facturación electrónica y análisis de movimientos bancarios vinculados principalmente al predio de Ezeiza. Entre las empresas observadas figuran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
ARCA también detectó un segundo grupo de compañías a partir de nuevos cruces de información. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según el organismo, varias integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
La denuncia sostiene que esas sociedades habrían simulado operaciones comerciales sin respaldo económico real. El organismo describió firmas sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera acorde con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados.
Según la reconstrucción de ARCA, la maniobra habría funcionado en distintas etapas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, las firmas emitían facturas electrónicas para justificar gastos. Finalmente, los pagos se realizaban mediante transferencias y, principalmente, cheques con múltiples endosos.
Para el organismo, ese circuito financiero resultó clave para dificultar la trazabilidad del dinero. ARCA indicó que el 77,11% de los pagos investigados se realizó con cheques y el 22,89% mediante transferencias bancarias.
El expediente también menciona que varios cheques emitidos por la AFA terminaron depositados por empresas o personas sin relación directa con las operaciones originales. En ese marco, BLD SA informó que instrumentos emitidos a favor de Construcciones Far West SRL fueron utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores ligados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.
ARCA consideró que esos movimientos marcaron una “ruptura de la cadena de pagos” y reflejaron un patrón compatible con maniobras destinadas a ocultar a los verdaderos beneficiarios de los fondos.
La presentación concluye que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. Además, el organismo pidió que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal por la continuidad temporal, habitualidad, coordinación y estructura organizada que habría tenido la maniobra.
En ese marco, ARCA solicitó que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
