Alcolumbre promulga la norma que modifica condenas por el 8 de enero
NewsITe
El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la llamada Ley de la Dosimetría, una norma que modifica el cálculo de las penas para los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia y que, en los hechos, reduce la condena impuesta al exmandatario Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
La ley había sido aprobada por el Congreso brasileño en diciembre de 2024, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la vetó de manera integral el 8 de enero de este año, al cumplirse tres años de la intentona golpista. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado se reunieron en sesión conjunta y, el 30 de abril, revocaron el veto presidencial con una amplia mayoría en ambas cámaras.
En la Cámara de Diputados, 318 legisladores votaron por anular el veto y 144 se pronunciaron en contra. En el Senado, la decisión fue respaldada por 49 votos frente a 24. Para dejar sin efecto el veto de Lula se necesitaban al menos 257 votos en Diputados y 41 en la Cámara Alta, umbrales que fueron superados con comodidad, reflejando el peso de la bancada conservadora y del llamado “centrão”.
El rol del Senado y el viaje de Lula
De acuerdo con la Constitución brasileña, cuando el Congreso revierte un veto presidencial, el Poder Ejecutivo tiene 48 horas para promulgar la ley. Si ese plazo vence sin la firma del presidente, la responsabilidad recae en el titular del Senado. Fue lo que ocurrió esta semana: Lula viajó a Estados Unidos el 6 de mayo, fecha en la que se agotaba el margen para que el jefe de Estado promulgara la norma, por lo que la tarea quedó en manos de Davi Alcolumbre.
Alcolumbre tenía hasta este viernes para formalizar la creación de la ley, paso que completó, permitiendo así que el texto sea publicado en el Diario Oficial y entre en vigencia en todo el territorio nacional en las próximas horas. La decisión agrega un nuevo capítulo a la tensión entre el gobierno de Lula y el Congreso, donde confluyen intereses de partidos de centroderecha y aliados del bolsonarismo.
Cómo cambia el cálculo de las penas
El eje central de la Ley de la Dosimetría es la forma en que se combinan las penas por delitos relacionados con ataques al orden democrático. El texto aprobado impide la sumatoria de las condenas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. En su lugar, determina que debe aplicarse únicamente la pena correspondiente al crimen más grave, con un incremento de entre un sexto y la mitad.
Además, la norma introduce una reducción significativa cuando los hechos se producen en un contexto de multitud. En esos casos, los jueces podrán disminuir la pena de uno a dos tercios, siempre y cuando el condenado no haya actuado como líder, organizador o financiador del movimiento. Este punto es el que abre la puerta a un alivio en las condenas de numerosos participantes de los disturbios del 8 de enero, incluido Bolsonaro y figuras de su entorno.
Impacto político y judicial de la nueva ley
- La reducción de la pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por tentativa de golpe de Estado, reposiciona al expresidente en el tablero político brasileño.
- La medida puede implicar revisiones de sentencias ya dictadas contra centenares de manifestantes que participaron en la invasión de los edificios de los Tres Poderes.
- El Congreso reafirma su capacidad de condicionar la agenda del Ejecutivo, aún frente a la resistencia directa del presidente.
Aliados de Lula da Silva ya anticiparon que recurrirán al Supremo Tribunal Federal (STF) para cuestionar la constitucionalidad de la norma, una vez que entre formalmente en vigor.
El STF será ahora el escenario central de la disputa: allí se definirá si la Ley de la Dosimetría se mantiene tal como fue promulgada o si su aplicación es limitada o incluso anulada. Mientras tanto, el oficialismo y la oposición ya miden el efecto político de una norma que impacta en el futuro judicial de Bolsonaro y vuelve a poner en primer plano el debate sobre los límites y alcances de la justicia frente a los ataques a la democracia en Brasil.
