La Justicia Federal formalizó una investigación contra directivos de la Clínica Centro S.A. por supuestas prestaciones médicas inexistentes facturadas al PAMI. Detectaron 28 casos testigo, aunque los investigadores sospechan que podría tratarse de una maniobra mucho más amplia.
La Justicia Federal avanzó en una causa por presunto fraude al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tiene como eje a la Clínica Centro S.A., ubicada sobre calle Pueyrredón 840 en la ciudad de Pergamino. La investigación ya acreditó 28 casos testigo de prestaciones médicas inexistentes facturadas a la obra social de jubilados, aunque los investigadores consideran que podría tratarse apenas de “la punta del iceberg”.
La causa quedó formalmente impulsada contra el presidente de la institución, el director médico y un profesional vinculado al establecimiento. En ese marco, el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo aceptó la formalización de la investigación y dictó medidas cautelares contra los acusados.
Entre las disposiciones judiciales, se resolvió la prohibición de salida del país para los involucrados y la imposición de una caución real de 10 millones de pesos para cada uno.
Según surge de la investigación, la clínica habría cobrado internaciones, estudios y consultas médicas de pacientes que nunca estuvieron en el edificio. La sospecha tomó fuerza luego de los allanamientos realizados por la Policía Federal y del análisis de documentación secuestrada durante los procedimientos.
De acuerdo a lo informado, en el 95 por ciento de los casos relevados las prácticas médicas supuestamente realizadas no aparecían asentadas ni en los libros de guardia ni en las historias clínicas incorporadas al expediente.
Además, varios afiliados consultados durante la pesquisa negaron conocer a los profesionales médicos involucrados y aseguraron no haber padecido las patologías por las cuales el PAMI había abonado importantes sumas de dinero.
La hipótesis de los investigadores apunta a un sistema paralelo de facturación montado a través de órdenes médicas electrónicas irregulares. Para detectar las inconsistencias, la Fiscalía comparó registros de prestaciones reales —correctamente asentadas— con otras prácticas que habrían sido cargadas de manera fantasma en el sistema digital.
La investigación también advirtió sobre el perjuicio que esta maniobra habría provocado a los afiliados. Según sostienen desde la Fiscalía a cargo, muchos jubilados quedaron bloqueados para acceder a estudios reales debido a que el sistema ya registraba prácticas médicas supuestamente realizadas, algunas de ellas con cobertura limitada a una vez por año.
Con una prórroga de 90 días para profundizar la investigación preliminar, la Justicia Federal buscará ahora determinar la magnitud total de la presunta defraudación y establecer si existen más episodios vinculados al mismo mecanismo de facturación irregular.
Con información de “El tiempo de Pergamino”…
