La Justicia destapa una presunta “gestoría paralela” en el sistema SIRA
NewsITe
La investigación judicial por las maniobras vinculadas al dólar blue sumó un capítulo explosivo con el avance de la causa que indaga un presunto sistema de coimas para acelerar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Tras el levantamiento del secreto de sumario, surgieron nuevos detalles sobre una supuesta “gestoría paralela” que habría funcionado entre 2022 y 2023, en pleno endurecimiento del cepo cambiario.
De acuerdo con el expediente, se trataba de una estructura organizada que ofrecía a empresas importadoras la posibilidad de obtener la aprobación de sus permisos en plazos sustancialmente menores a los habituales. Mientras que los tiempos formales podían superar los 90 o 120 días, este circuito informal prometía respuestas en apenas una semana o diez días, a cambio del pago de fuertes retornos.
Las investigaciones se apoyan especialmente en los peritajes realizados sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio y allegado a Elías Piccirillo, señalado en la causa del “rulo” financiero. De los chats y audios surgieron referencias a contactos con funcionarios y operadores capaces de influir en la liberación de importaciones, así como el detalle de cómo se calculaban y distribuían las coimas.
Coimas del 10% al 15% y operadores clave en la trama
Según surge de las conversaciones incorporadas al expediente, las comisiones que se cobraban a las empresas oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la operación. Los montos se calculaban en algunos casos al tipo de cambio oficial y en otros al paralelo, dependiendo del acuerdo entre las partes. Una parte de ese dinero quedaba en manos de los intermediarios y el resto se habría destinado a quienes tenían capacidad de decisión dentro del esquema estatal.
Uno de los nombres que aparece en los peritajes es el del abogado Ariel Germán Saponara, con antecedentes laborales en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, según registros citados en la causa, figuraría como personal de Presidencia de la Nación. En los chats, Saponara consulta por la posibilidad de “liberar” declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos, lo que lo ubica como un presunto nexo entre empresarios y el circuito de favores.
En uno de los audios atribuidos a Migueles se escucha la referencia a los márgenes de ganancia que dejaba cada operación: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”. Esa diferencia, según surge de la investigación, representaría el plus que retenían los intermediarios por sobre la “rendición” interna que debían efectuar.
“Pipo”, la ruta del dinero y más de 50 investigados
Otro de los protagonistas del caso es Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes podían influir en la aprobación de los SIRA. En sus mensajes de voz, Caputto detalla cuál sería el costo interno del trámite y cómo se realizaba la conversión de los montos entre pesos y dólares.
- Caputto habla de una “rendición” del 15% al tipo de cambio oficial como costo interno del circuito.
- Los intermediarios pesificaban el monto, lo trasladaban al valor del dólar oficial y se quedaban con la diferencia neta en dólares billete.
- En uno de los casos testigos, vinculado a la firma Neme S.A., se habrían dado instrucciones precisas para entregar el dinero en una oficina sobre Avenida del Libertador al 8000, en la Ciudad de Buenos Aires.
Las sospechas derivaron en una avanzada serie de medidas. Antes de levantar el secreto de sumario, el juez federal Ariel Lijo ordenó allanamientos a financistas presuntamente ligados al entramado, entre ellos Gonzalo “Gonzalote” Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa, entre operadores financieros, importadores y posibles funcionarios involucrados.
Los investigadores también buscan identificar a otros intermediarios mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora”, esta última sospechada de ocupar un cargo clave en la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores con capacidad de dar el visto bueno final a las importaciones.
La causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones. A medida que se avanza en el análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos, aparecen más nombres de compañías importadoras que habrían aceptado pagar estos “peajes” para sostener su operatoria en medio de la escasez de divisas. El expediente promete seguir escalando y podría convertirse en uno de los mayores casos de presunta corrupción ligados a la administración del comercio exterior durante el último período de restricciones cambiarias.
