El oficialismo impulsa nuevos nombramientos en la Justicia
NewsITe
El Gobierno nacional remitió al Senado una nueva tanda de 33 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas jurisdicciones del interior del país. Entre los nombres propuestos sobresale el del camarista laboral Víctor Pesino, quien rechazó la cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral, y ahora busca la prórroga de su mandato por cinco años más.
Con este envío, la Casa Rosada procura acelerar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y asegurar el tratamiento legislativo de los candidatos en la sesión prevista para este jueves. A los 22 postulantes enviados días atrás se suman ahora estos 33 pliegos y otros expedientes que el Ejecutivo planea girar en breve, lo que permitiría que todos obtengan estado parlamentario en las próximas horas.
Sin embargo, la decisión no despeja las tensiones con los bloques dialoguistas. Legisladores de la oposición moderada reclaman que el oficialismo envíe un paquete más amplio que incluya 36 pliegos adicionales para juzgados del interior, con el objetivo de equilibrar la representación federal en los tribunales. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la queja central es que en la última tanda predominan candidatos de la Capital Federal por sobre las provincias.
Quiénes son los candidatos propuestos
Entre los pliegos remitidos aparece la solicitud de prórroga para Víctor Pesino como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII. El magistrado, que en junio cumple 75 años, necesita la extensión de su mandato para continuar en funciones. Pesino, junto con la camarista María Dora González, dejó sin efecto el fallo del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a una cautelar de la CGT y suspendido 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Otro nombre relevante es el de Juan Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo clave en la investigación de causas sensibles vinculadas al crimen organizado y al uso de escuchas judiciales. El Ejecutivo lo postuló como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, uno de los fueros con mayor volumen de causas penales del conurbano bonaerense.
También se proponen a Fernando Manauta, Diego Tula y Claudio Loguarro para distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto en el que los tribunales laborales cobran centralidad por los litigios derivados de los cambios en la normativa del trabajo.
Las prórrogas y el reclamo por mayor federalismo
En paralelo, el Gobierno solicita la prórroga del mandato de Leopoldo Rago Gallo, juez federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, considerado un magistrado de fuerte peso institucional en esa provincia. Esta propuesta se suma a la ya enviada para extender por cinco años la permanencia de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Penal, hijo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y único pliego que por ahora cuenta con dictamen favorable.
Desde marzo, el Ejecutivo lleva presentados 132 pliegos, además de las prórrogas mencionadas. En las tres audiencias públicas realizadas hasta el momento, 47 candidatos ya rindieron examen y otros 30 lo harán entre este miércoles y jueves. Pese al avance formal, ninguna de estas postulaciones tiene aún despacho listo para llegar al recinto, debido a que los sectores dialoguistas insisten en que se garantice una distribución más equitativa entre Capital Federal y las provincias.
- 132 pliegos enviados por el Gobierno desde marzo.
- 22 candidatos remitidos días atrás y 33 nuevos pliegos ahora.
- Al menos 47 postulantes ya expusieron en audiencias públicas.
- Reclamo opositor por una mayor cantidad de cargos para el interior.
El tratamiento de los pliegos se convirtió en una pieza clave de la negociación política entre el oficialismo y la oposición, en medio de la discusión por la reforma laboral y la composición futura del Poder Judicial.
El desenlace de este debate en el Senado marcará no sólo el ritmo de la cobertura de vacantes, sino también el equilibrio interno de la Justicia federal y laboral en un momento de fuerte puja entre el Gobierno, los sindicatos y los gobernadores por el rumbo de las reformas estructurales.
