Un informe técnico del Ministerio de Salud, en manos de la Justicia, comparó facturas emitidas al Estado con otros precios de mercado y observó diferencias “injustificables”. Detectó sobreprecios de hasta 2000% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en el área de Discapacidad. La firma Artrobone, presidida por la empresaria nicoleña Evangelina García, aparece con más de una decena de facturas por sillas de ruedas; una de ellas, por un monto de $19 millones, mientras que el informe señala que su “precio de referencia nacional” es de $1.279.999.
De la redacción de EL NORTE
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El Gobierno nacional detectó presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. En un documento interno, el Ministerio de Salud analizó pagos efectuados para adquirir sillas de ruedas, andadores y prótesis, y las diferencias entre lo facturado y los precios de referencia oscilan entre el 300% y el 1000%. En algunos casos, la brecha supera el 2000%.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, dice el documento que se encuentra en manos de la Justicia.
En el rubro sillas de ruedas, el presunto sobreprecio llega, en algunos casos, al 2000%. Incluso, la adquisición de un andador registró una diferencia del 4239% entre el monto que le facturaron al Estado y el “valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas”.
Según publicó este lunes el diario La Nación, el documento recolectó 37 facturas de seis proveedores del Estado. Artrobone (empresa presidida por la nicoleña Evangelina Ileana García), Cirugía y Ortopedia Imnova (vinculada al hijo de Evangelina García, Martín Gonzalo Armella), Expo Trauma, Ortopedia Bernat, Farma Salud y Bymax Medical habrían recibido pagos por $18.100 millones.
Precisamente, Artrobone aparece con más de una decena de facturas por sillas de ruedas. Una de ellas tiene como fecha el 9 de octubre del año pasado y un paciente de Córdoba. Su monto: $19 millones. El informe señala que su “precio de referencia nacional” alcanza los $1.279.999.
Algo similar se observa con Bymax Medical. Una de sus facturas por una silla de ruedas tiene como precio unitario $19 millones. Es decir, unos $15 millones por encima de lo que las autoridades señalaron como “valor de referencia de mercado”.
El informe oficial reitera este tipo de observaciones en compras de Andis a las firmas Expo Trauma y Cirugía y Ortopedia Imnova. Sobre las ventas de esta última, cuestiona: “Las opciones de industria nacional en aluminio serie 6000 resuelven el requerimiento clínico de forma eficiente. El uso de aleaciones serie 7000 o componentes importados mencionados por el proveedor no representa una ventaja necesaria ni terapéutica que valide semejante erogación del Tesoro Nacional”.
Farma Salud, por su parte, es la empresa que más fondos absorbió: $7900 millones. Este lunes debía declarar uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, un contador que tuvo un paso fugaz como director general de Andis durante el gobierno de Alberto Fernández.
El jueves pasado declararon los otros dos socios de la firma, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, un exdirector técnico del fútbol de ascenso. Ambos presentaron un descargo por escrito en el que rechazaron las imputaciones.
¿Contrataciones dirigidas?
De la causa surge que las contrataciones se llevaron a cabo a través del Siipfis (Sistema integrado de información y administración de prestaciones), un mecanismo digital ideado para agilizar procesos de compra, en cuyas licitaciones participaba un pequeño grupo de empresas.
La prueba recabada en la Justicia sugiere que los involucrados lo habrían vulnerado seleccionando de antemano qué empresas ingresaban a competir y cuáles se quedaban afuera. En ocasiones participaban empresas de una misma familia –la familia Sagués, llamada a indagatoria–; en otras, empresas que no hacían ninguna oferta formal. En esas condiciones, según la hipótesis fiscal, se simularon competencias con sobreprecios.
“Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, señaló el fiscal Picardi en uno de sus dictámenes.
