La academia advierte sobre un vacío normativo frente al avance de la IA
La capacidad de la inteligencia artificial (IA) para interpretar emociones y conductas humanas avanza a una velocidad que el Derecho aún no logra acompañar. Un estudio de la Universidad del País Vasco (EHU), realizado por la profesora de Derecho Constitucional Leire Escajedo, pone el foco en un fenómeno cada vez más extendido: sistemas que, sin identificar a las personas por su nombre, analizan su rostro, voz, mirada y movimientos para deducir cómo se sienten y cómo podrían actuar.
Titulada “Tratamientos biométricos no identificantes mediante inteligencia artificial”, la investigación fue reconocida con un accésit en el Premio Emilio Aced 2025 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El trabajo describe cómo múltiples plataformas, aplicaciones y dispositivos incorporan algoritmos capaces de interpretar atención, cansancio, interés o rechazo en tiempo real, y adaptar de inmediato el contenido que muestran: desde videos sugeridos hasta anuncios personalizados o mensajes diseñados para influir en decisiones cotidianas.
Escajedo advierte que estas tecnologías utilizan técnicas cercanas a la biometría tradicional —la que sirve para el desbloqueo facial o el reconocimiento de huellas—, pero con un objetivo diferente: no buscan identificar de forma directa a la persona, sino perfilarla emocional y conductualmente. A partir de señales físicas aparentemente inocentes, los sistemas pueden inferir información íntima, sin que el usuario la haya comunicado explícitamente ni sepa hasta qué punto está siendo observado.
El problema central, según la especialista, es que la normativa vigente no termina de encajar este tipo de tratamientos de datos. Los marcos legales suelen estar preparados para usos puntuales y bien delimitados, mientras que estas herramientas operan de manera continua, casi invisible, modulando la experiencia digital segundo a segundo. Así, se genera un desfasaje entre la velocidad del desarrollo tecnológico y la capacidad de reacción del Derecho, lo que abre zonas grises en materia de protección de datos, consentimiento y control ciudadano.
Cómo funcionan estos sistemas y por qué generan preocupación
En la práctica, muchos servicios digitales ya incorporan mecanismos de análisis del comportamiento: cuánto tiempo miramos una publicación, en qué punto pausamos un video, qué expresiones faciales mostramos ante un contenido o cómo varía el tono de nuestra voz durante una videollamada. Cada una de esas señales es procesada por algoritmos que construyen perfiles dinámicos y permiten ajustar la oferta informativa, comercial o política a la reacción de cada individuo.
La investigación subraya que este tipo de procesamiento puede afectar directamente la libertad personal. Al adaptar el entorno digital según el comportamiento observado, las plataformas pueden guiar o condicionar decisiones sin que el usuario sea plenamente consciente de esa influencia. Se trata de una forma de persuasión personalizada, apoyada en datos emocionales, que plantea interrogantes éticos y jurídicos de fondo.
Un vacío regulatorio en Europa y el desafío para los Estados
Escajedo cuestiona que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no haya otorgado suficiente relevancia a estos usos no identificantes, pese a su impacto real en la vida cotidiana. El estudio apunta a una doble debilidad: por un lado, falta transparencia sobre qué datos se recogen, cómo se generan nuevos indicadores a partir de ellos y con qué finalidad exacta se utilizan; por otro, los ciudadanos carecen de herramientas efectivas para oponerse o limitar este tipo de análisis, más aún cuando forman parte de servicios casi imprescindibles para el trabajo, el estudio o el entretenimiento.
- Los sistemas infieren estados emocionales a partir de señales físicas y conductuales.
- Operan de modo continuo y muchas veces imperceptible para el usuario.
- Pueden influir en decisiones de consumo, información y participación pública.
- La regulación actual no aborda en profundidad estos tratamientos biométricos.
Para la comunidad académica y los organismos de control, el desafío es doble: actualizar las normas de protección de datos y, al mismo tiempo, abrir un debate público informado sobre los límites que las sociedades democráticas desean imponer al uso de la IA en la esfera más íntima de las personas. Mientras tanto, los especialistas recomiendan mayor transparencia por parte de empresas y Estados, y una ciudadanía cada vez más consciente del valor de sus datos emocionales en la economía digital.
