Diputados acelera el debate por el recorte de subsidios al gas
La Cámara de Diputados se prepara para una discusión clave sobre el esquema de subsidios al gas. Este miércoles, en un plenario de comisiones, comenzará el debate de un proyecto del oficialismo que propone recortar de forma drástica el beneficio previsto en la Ley de Zonas Frías, dejándolo vigente solo para la Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares vulnerables alcanzados por el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El tratamiento se dará en las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, presididas por los diputados libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch. La jornada arrancará con la exposición de la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, tras lo cual se buscará emitir dictamen para llevar el tema al recinto en una sesión especial prevista para el 20 de mayo, donde también se prevé abordar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Hojarasca.
Para avanzar, el oficialismo necesita el acompañamiento de los bloques dialoguistas Fuerzas del Cambio, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. Sin embargo, esas bancadas aún no confirmaron su respaldo, ya que buena parte de sus representados perdería el beneficio en caso de aprobarse los cambios propuestos.
Alcance del recorte y provincias afectadas
La iniciativa establece que el esquema de Zona Fría vuelva prácticamente a su configuración original: solo se mantendrán los subsidios para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, además de los hogares vulnerables encuadrados en el SEF. Esto dejaría afuera a decenas de localidades del centro y norte del país incorporadas en 2021.
En la provincia de Buenos Aires, el impacto sería significativo: unos 50 municipios dejarían de recibir el beneficio, entre ellos Mar del Plata, La Plata y su región, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín y Pergamino, entre otros. También quedarían alcanzados por el recorte 13 departamentos de Córdoba, localidades del sur de esa provincia y zonas de Mendoza (salvo Malargüe), San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
El Gobierno argumenta que la medida apunta a reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético. Sostiene que el recargo del 7,5% sobre las facturas, destinado a financiar el régimen de Zona Fría, no alcanza para cubrir los compromisos, lo que habría generado una “ruptura de la cadena de pagos” con distribuidoras y productoras de gas.
Nuevo criterio de subsidios y ordenamiento del sistema
El proyecto refuerza la lógica de segmentación tanto geográfica como socioeconómica. De acuerdo con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, solo podrán acceder a la ayuda los beneficiarios del ReNABap, los veteranos de Malvinas y los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas para un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos), umbral que actualmente se estima en torno a 4,3 millones de pesos mensuales.
- Los aportes se calcularán sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa.
- Los fondos irán directamente a distribuidoras y subdistribuidoras, para evitar descalces entre lo recaudado y lo que debe pagarse.
- Se establece un mecanismo para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas en períodos de emergencia tarifaria.
Las empresas que quieran acceder al esquema de compensación deberán renunciar previamente a los reclamos judiciales en curso, según estipula el texto.
Prórroga de incentivos a energías renovables
El paquete legislativo también incluye un capítulo vinculado a la transición energética. El Gobierno propone prorrogar hasta 2045 la exención impositiva para proyectos de energías renovables, cuyo vencimiento estaba previsto para 2025, y derogar los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para hidrocarburos creados en 2013 y 2022.
En esa línea, el Poder Ejecutivo plantea que las fuentes renovables contempladas en la Ley 26.190 sigan libres de gravámenes en los términos de la Ley 27.191. El desenlace del debate en Diputados será clave no solo para el bolsillo de millones de usuarios residenciales, sino también para el rumbo de la política energética y fiscal del Gobierno en los próximos años.
