A cinco años del Capitolio, Trump reescribe el 6 de enero

La Casa Blanca de Trump niega la insurrección y habla de “montaje demócrata”

Manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021

NewsITe

A cinco años del asalto al Capitolio de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, ya en su segundo mandato, impulsa una nueva lectura de aquellos hechos y responsabiliza al Partido Demócrata por lo que define como una “construcción política” en su contra. Un portal oficial lanzado por la Casa Blanca insiste en que no hubo intento de golpe de Estado y que la etiqueta de “insurrección” fue utilizada para perseguir a sus seguidores.

El sitio reúne imágenes y videos del 6 de enero de 2021, donde se observa a agentes de la Policía del Capitolio retirando vallas, abriendo accesos y gesticulando hacia los manifestantes para que ingresaran al edificio. Según la narrativa que hoy difunde el gobierno de Trump, esas decisiones operativas contribuyeron a que una protesta se transformara en un episodio desbordado y caótico.

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En la página oficial, la Casa Blanca sostiene que los demócratas “revirtieron la realidad” al presentar a manifestantes “pacíficos y patrióticos” como insurrectos y al describir el episodio como un golpe violento orquestado por Trump. De este modo, se busca deslegitimar la interpretación dominante en la política y la justicia estadounidenses, que durante los últimos años consideró el 6 de enero como un ataque sin precedentes contra la institucionalidad del país.

El portal también enfatiza el rol de las fuerzas de seguridad, a las que acusa de haber aplicado tácticas contradictorias: por un lado, permitir el avance de grupos hacia el interior del Capitolio, y por otro, emplear gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma contra otros sectores de la multitud. Para la administración Trump, ese accionar “incoherente y provocador” habría sido un factor clave en la escalada de tensión y enfrentamientos.

Indultos masivos y giro en la política judicial

Tras asumir su segundo mandato en enero de 2025, Trump utilizó sus facultades presidenciales para conceder indultos a unas 1.270 personas condenadas por cargos vinculados al asalto al Capitolio. Además, ordenó al Departamento de Justicia desestimar alrededor de 300 causas penales pendientes y reclamó la liberación de otros 14 acusados por delitos de sedición considerados más graves.

Estas medidas consolidan el mensaje político que hoy emite la Casa Blanca: presentar a los condenados y procesados no como responsables de una insurrección, sino como víctimas de un uso “abusivo” de la justicia durante la gestión anterior. Los indultos reavivaron las tensiones en el Congreso, donde sectores opositores advierten que la nueva línea oficial erosiona los límites institucionales frente a la violencia política.

Un relato en disputa sobre el 6 de enero

Mientras el gobierno de Trump insiste en que aquel día fue una manifestación legítima en rechazo a lo que el expresidente describió como elecciones “fraudulentas”, legisladores de distintos partidos recuerdan que cerca de 2.000 personas irrumpieron en el Capitolio con el fin de frenar la certificación de la victoria de Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020.

  • Organismos judiciales y comisiones parlamentarias documentaron episodios de violencia, destrozos y amenazas contra legisladores.
  • La nueva página oficial minimiza esos hechos y pone el foco en el comportamiento policial y en la supuesta motivación patriótica de los manifestantes.

La administración Trump afirma que no hubo armas ni intención real de derrocar al gobierno, y que la narrativa de “golpe de Estado” responde a un interés político de los demócratas.

El debate sobre lo ocurrido el 6 de enero y su significado para la democracia estadounidense continúa atravesando la agenda de Washington. Mientras la Casa Blanca busca instalar su versión para rehabilitar políticamente a los participantes y a su propio liderazgo, sectores opositores alertan sobre el riesgo de relativizar un ataque que, entienden, puso en jaque la transferencia pacífica del poder y dejó una huella profunda en la institucionalidad del país.

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