Italia cambia de bando y reordena el mapa político en Bruselas
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El debate por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur abrió una fuerte grieta dentro del bloque europeo y entre los propios agricultores. La reciente decisión de Italia de pasar del rechazo al apoyo al tratado alteró el equilibrio de fuerzas en Bruselas y reavivó la discusión sobre el impacto que el pacto podría tener en el campo europeo y en la competitividad de sus productores.
Roma integraba hasta hace pocos días el núcleo duro opositor, encabezado por Francia y acompañado por Polonia, Hungría y Austria. Sin embargo, el compromiso de la Comisión Europea de sumar, a partir de 2028, una inyección adicional de 45.000 millones de euros a la Política Agraria Común (PAC) ayudó a desactivar parte del malestar de los agricultores italianos y allanó el giro de su gobierno a favor del acuerdo.
Este cambio reposiciona a Italia junto a los defensores del tratado, entre ellos Alemania, Países Bajos, España, Portugal, Finlandia, Luxemburgo y los países escandinavos. Para estos gobiernos, el pacto con Mercosur —que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados, reducir aranceles y asegurar suministros en un contexto geopolítico inestable.
Francia lidera la resistencia y reclama más protección al campo
En el bando contrario, Francia se consolidó como el principal motor de la minoría de bloqueo. París sostiene que el ingreso de productos agrícolas sudamericanos con menores costos y regulaciones distintas podría golpear de lleno a los productores europeos, ya presionados por el aumento de costos y las exigencias ambientales. A este frente se suman Polonia, Hungría y Austria, con un fuerte respaldo de sus sectores rurales.
El gobierno francés condiciona cualquier avance a la inclusión de una cláusula de salvaguarda que permita suspender de forma temporal las ventajas arancelarias si las importaciones desde Mercosur se disparan y dañan seriamente a los agricultores. También exige cláusulas espejo, es decir, que sólo puedan ingresar al mercado europeo alimentos que cumplan normas equivalentes en materia de fitosanitarios, uso de antibióticos y hormonas de crecimiento.
La tensión se siente en las calles: en varios países, incluidos Alemania y Polonia, productores rurales han realizado cortes de rutas y protestas frente a capitales nacionales y sedes de la UE. Los agricultores temen que el acuerdo derive en competencia desleal si a ellos se les exige más que a los proveedores externos.
País por país: apoyos, dudas y rechazos al pacto comercial
Entre los defensores del tratado, Países Bajos pasó de un rechazo firme a un apoyo abierto, al considerar que los beneficios económicos superarían los riesgos para el agro. Luxemburgo también anunció que votará a favor, mientras que Bélgica aparece partida: Flandes respalda el acuerdo, pero Valonia mantiene su oposición con movilizaciones agrarias.
España y Portugal figuran entre los impulsores más activos, atentos a las oportunidades para sectores como el vino, el aceite de oliva y ciertos alimentos con alto valor agregado. En España, no obstante, una parte del sector ganadero se mantiene en alerta y reclama garantías adicionales. En Portugal, a diferencia de otros socios, no se registraron hasta ahora protestas masivas de agricultores.
Finlandia defiende que la apertura comercial y la eliminación de aranceles favorecerán el empleo y los negocios locales. Según datos oficiales, cerca de medio millón de puestos de trabajo en ese país dependen directa o indirectamente de las exportaciones apoyadas en acuerdos comerciales, y muchos de esos envíos pagan hoy aranceles de hasta 20 % en la región del Mercosur.
En el otro extremo, Hungría rechaza de plano el tratado, al entender que perjudica a su agricultura. Polonia, por su parte, formalizó en noviembre de 2024 una posición parlamentaria contraria, alertando por el posible impacto en sectores como el avícola, el azucarero, la miel y los quesos. Organizaciones rurales polacas calculan que hasta 1,2 millones de explotaciones podrían verse afectadas.
Advertencias de los agricultores y el riesgo de una Europa partida
En Alemania, la discusión es especialmente áspera. Aunque el gobierno federal avala el acuerdo, una resolución parlamentaria de 2019 obliga a mantener una línea crítica y, en los hechos, condiciona el voto alemán. La directora de la Asociación de Agricultura Campesina, Xenia Brand, cuestionó el enfoque del pacto al afirmar que los productores alemanes buscan ofrecer calidad y no mercancías estandarizadas para el mercado mundial, mientras que el acuerdo ―según advirtió― iría “en la dirección equivocada”.
En Europa central y del este, el panorama es variado. La República Checa respalda el tratado, pero pide herramientas sólidas y ágiles para aplicar salvaguardas bilaterales si el agro se ve amenazado. Eslovaquia destaca el posible impulso a sus exportaciones y al empleo, aunque sus cámaras agrícolas subrayan los riesgos de importar alimentos producidos bajo estándares distintos. Rumania y Bulgaria reclaman que no haya exigencias más duras para los productores europeos que para los países terceros.
En Grecia, al igual que en otros socios mediterráneos, el gobierno impulsa el acuerdo como camino para ganar mercados, pero los sindicatos del campo alertan sobre el declive de un sector que ya lidia con costos altos y competencia externa. En Croacia, la división recorre al propio gabinete, con Agricultura y Exteriores en desacuerdo y un primer ministro que se muestra abierto a los acuerdos, aunque sin definiciones tajantes sobre Mercosur.
Lo que está en juego en la recta final de la negociación
El análisis de los expertos europeos apunta a que la disputa va más allá de un simple tratado comercial. En juego están la definición de estándares comunes, la protección del empleo rural, la seguridad alimentaria y el rol geopolítico de la UE frente a América del Sur y otras potencias. Mientras crecen las presiones en las calles y se intensifican las rondas de negociación, los gobiernos nacionales buscan un delicado equilibrio entre las demandas del sector agrícola y los objetivos de expansión de sus exportaciones.
De cara a los próximos meses, el futuro del acuerdo UE‑Mercosur dependerá de si se logra una fórmula que combine salvaguardas eficaces, reglas claras y compromisos ambientales verificables. Sin ese consenso, el pacto corre el riesgo de naufragar en medio de una Europa partida entre el impulso aperturista y el reclamo de protección para sus productores.
“No se trata sólo de comercio: se trata de qué modelo de agricultura quiere Europa y qué lugar ocupará en la nueva geopolítica de los alimentos”, resumen analistas consultados en Bruselas.
