El expediente detalla desembolsos en hoteles y pasajes durante una estadía familiar en Aruba. Buscan determinar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por Adorni.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevos datos tras la confirmación judicial de los gastos realizados durante un viaje a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
Según consta en el expediente, el funcionario desembolsó u$s8.874 en alojamiento en dos hoteles del Caribe y u$s5.800 en pasajes aéreos. El costo total del viaje asciende a u$s14.696.
De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, se hospedó primero en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido. Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort, donde permaneció hasta el 9 de enero.
El viaje se extendió hasta el 10 de enero y fue realizado junto a su familia durante todo ese periodo.
Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de u$s1.450 por persona, totalizando u$s5.800. Según la información remitida a la Justicia, los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo.El itinerario incluyó escalas en Perú durante la ida y en Ecuador en el regreso.
Análisis patrimonial y medidas judiciales
El objetivo de la investigación es determinar si este nivel de gastos resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario. En ese período, percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.
En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti. La medida permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.
Otras operaciones bajo investigación
El viaje a Aruba se suma a otras operaciones que están siendo analizadas en el expediente. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000, con un anticipo de u$s30.000 y financiamiento por el resto.
En ese marco, se incorporó la declaración de un testigo que aseguró que el funcionario adeuda u$s65.000 por refacciones del inmueble, monto que no habría sido documentado.
También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá por u$s120.000, financiada en parte con una hipoteca previa.
Además, la fiscalía analiza pagos parciales de deudas, como un desembolso de u$s30.000 realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de un crédito vigente.
Con el cruce de información sobre viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, la Justicia busca reconstruir el flujo de fondos del funcionario y determinar si existe una desproporción entre sus ingresos y su nivel de gastos.
El avance de la causa dependerá de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la documentación obtenida tras el levantamiento del secreto fiscal.
