Caso Adorni: la Justicia profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
NewsITe
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial luego de que se conociera que habría desembolsado alrededor de 14 millones de pesos para amueblar el departamento que posee en el barrio porteño de Caballito. El dato surgió de la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que también estuvo a cargo de las remodelaciones en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La información se incorporó al expediente que investiga un presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En este contexto, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de ambos, con el objetivo de reconstruir el flujo de ingresos, gastos y movimientos patrimoniales desde que el actual vocero y jefe de Gabinete ingresó al Gobierno nacional.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó sobre otro tramo sensible de la pesquisa: la operatoria de compra-venta del departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello indagó a Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas señaladas como prestamistas en la operación. Según consta en la causa, Miano es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada involucrada y señalado como gestor de la transacción inmobiliaria.
La Justicia intenta determinar si detrás de estos movimientos existió un circuito de préstamos y adquisiciones de bienes para encubrir un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos oficiales del funcionario. En ese marco, cobraron relevancia los gastos en mobiliario, remodelaciones y viajes al exterior que, de acuerdo con testimonios y comprobantes ya incorporados al expediente, se habrían realizado a partir de la llegada de Adorni al Gobierno.
Celulares peritados y comunicaciones bajo análisis
Como parte de las medidas de prueba, el juzgado solicitó el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar. Los investigadores buscan reconstruir los mensajes, llamadas y registros de comunicación que el contratista mantuvo con el funcionario y con su esposa, con el fin de determinar el alcance de los trabajos encargados y la forma de pago de las remodelaciones.
Además, el juez Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, señalado como amigo cercano de Adorni. El análisis de llamadas y mensajes de Grandio apunta a establecer si existieron intercambios vinculados a la compra de inmuebles o a otros movimientos económicos que pudieran resultar relevantes para el expediente.
- Levantamiento del secreto fiscal de Adorni y su esposa para revisar ingresos y patrimonio.
- Declaración del contratista que habló de gastos por unos $14 millones en muebles.
- Indagatoria a personas ligadas a jubiladas prestamistas en operaciones inmobiliarias.
- Peritaje de teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y posibles vínculos económicos.
La causa apunta a determinar si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete se condice o no con sus ingresos declarados desde que asumió funciones en el Gobierno nacional.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito recién atraviesa una etapa preliminar, dominada por la recolección y análisis de pruebas documentales y testimoniales. En las próximas semanas, los resultados de los peritajes fiscales y telefónicos serán clave para definir si la Justicia avanza hacia una imputación más concreta o si, por el contrario, entiende que los bienes y gastos del funcionario se encuentran debidamente justificados.
