El juez Ariel Lijo pidió documentación a empresas vinculadas al Estado para reconstruir los contratos mantenidos con +BE, la consultora propiedad de Bettina Angeletti. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de interés.
El juez federal Ariel Lijo avanzó en la investigación que involucra al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, la consultora Bettina Angeletti, al ordenar nuevas medidas para analizar los vínculos comerciales entre la firma +BE y distintas empresas que trabajan con el Estado nacional.
Según trascendió, el magistrado solicitó información detallada al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a Foggia Group. El objetivo es obtener contratos, facturas y antecedentes comerciales relacionados con la consultora de Angeletti para reconstruir el circuito de contrataciones y determinar si existieron beneficios económicos irregulares.
La investigación se desarrolla en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y busca establecer si la empresa de la esposa de Adorni pudo haber sido favorecida mediante contratos vinculados a organismos estatales o compañías proveedoras del sector público.
Las empresas que quedaron bajo análisis
Uno de los focos de la causa está puesto sobre el Grupo Datco, una firma tecnológica que presta servicios a organismos públicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos, AySA y Aerolíneas Argentinas.
Para la Justicia, resulta relevante determinar si existió algún vínculo comercial entre esas operaciones y la consultora +BE.
También quedó bajo análisis National Shipping S.A., considerada una de las principales proveedoras de YPF en transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. La situación adquirió mayor sensibilidad porque Adorni integra actualmente el directorio de la petrolera estatal como director titular.
En paralelo, el juez también requirió documentación a Foggia Group, firma vinculada a la organización de eventos políticos y espectáculos relacionados con el oficialismo. La empresa está encabezada por Mara Gorini, identificada en distintos ámbitos políticos por su cercanía con Karina Milei.
La denuncia que originó la causa
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza.
En esa presentación, la legisladora pidió que se investigaran los vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y empresas proveedoras del Estado nacional, además de posibles incompatibilidades derivadas de los cargos ocupados por Adorni dentro del Gobierno y en YPF.
Según la hipótesis judicial, podría haber existido un esquema de relaciones comerciales que habría permitido direccionar contrataciones o canalizar retornos de fondos públicos hacia la consultora privada.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas
Por el momento, el expediente permanece en una etapa preliminar centrada en el análisis de documentación comercial y financiera.
Con la información requerida a las empresas involucradas, la Justicia intentará determinar si existieron beneficios económicos irregulares para la consultora +BE y si esos ingresos estuvieron relacionados con contrataciones ligadas al Estado nacional.
El avance de la investigación podría derivar en nuevas medidas judiciales, pedidos de informes adicionales y futuras citaciones vinculadas al entorno político y empresarial cercano al Gobierno nacional.
