Caso Adorni: la Justicia avanza con nuevos testigos clave
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguirá su curso en la Justicia federal, pese a las enfáticas negativas del funcionario durante su exposición del 29 de abril en el Congreso de la Nación, donde aseguró no haber cometido ningún delito y haber cumplido con las obligaciones que fija la Ley de Ética Pública.
De acuerdo con fuentes judiciales, esta semana se incorporarán dos testimonios considerados clave para reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni en la compra y refacción de propiedades, así como en viajes familiares dentro y fuera del país. El lunes fue citado Matías Tabar, contratista responsable de las obras en la casa que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El objetivo es precisar cuánto se pagó por la remodelación de la vivienda adquirida a fines de 2024 y qué tipo de trabajos se realizaron.
El miércoles será el turno de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la operación de compra-venta del departamento que Adorni declaró en el barrio porteño de Caballito. Según la investigación, Miano habría sido uno de los organizadores centrales de la transacción inmobiliaria, actuando como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra jubilada vinculada al caso.
Viajes, patrimonio y movimientos bajo la lupa
En los últimos días trascendió que el jefe de Gabinete habría afrontado gastos superiores a los 9 millones de pesos en un viaje familiar corto a Bariloche, Río Negro. Además, se detectaron otros desplazamientos de características similares que también son objeto de análisis. La Justicia prevé incorporar la declaración de un testigo reservado, cuyo nombre aún no se hizo público, para profundizar en el financiamiento de esos viajes.
Adorni sostiene que todos los viajes fueron solventados con fondos propios y que se trataron de actividades «de índole personal», insistiendo en que no existen pagos del Estado asociados a sus traslados privados. A la vez, afirma que su patrimonio es legal y que sus declaraciones juradas se encuentran presentadas en tiempo y forma ante los organismos de control.
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanza con el análisis técnico de las inconsistencias detectadas entre los ingresos formales del funcionario y los montos involucrados en la compra de propiedades, refacciones y viajes. Los peritos trabajan sobre cifras que, según fuentes del expediente, resultan «difíciles de justificar» en relación con los haberes declarados.
Cruce político y apoyo del Gobierno nacional
El caso sumó tensión política luego de que el diputado nacional Rodolfo Tailhade exigiera explicaciones públicas sobre el presunto uso de autos oficiales y custodia estatal por parte de la esposa de Adorni para asistir a reuniones personales. El jefe de Gabinete replicó que denunciará al legislador por presunto espionaje, abriendo un nuevo frente en el Congreso y en los tribunales.
Desde la Casa Rosada, el Gobierno nacional mantiene su respaldo al funcionario, destacando su rol en la comunicación y la coordinación interna de la presidencia de Javier Milei. En ese marco, se prevé que Adorni retome las conferencias de prensa diarias en la Casa de Gobierno, luego de la reapertura de la sala de periodistas acreditados prevista para este lunes.
La investigación judicial continuará durante todo el mes con nuevas medidas para contrastar el nivel de vida, los bienes y los viajes del funcionario con los ingresos que registró desde su desembarco en la gestión nacional, primero como vocero presidencial y luego como jefe de ministros, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El expediente permanecerá en etapa de instrucción mientras se incorporan peritajes, testigos y documentación patrimonial clave para determinar si existió o no enriquecimiento ilícito.
