La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a un planteo del fiscal y desplazó al magistrado Sebastián Argibay por presunta pérdida de imparcialidad. La investigación incluye un pedido de detención contra autoridades de la AFA y una trama de transferencias millonarias bajo sospecha.
La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, de la causa en la que se solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La decisión se adoptó tras una recusación presentada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado por presuntos vínculos previos con uno de los investigados. En este nuevo escenario, el expediente podría salir de la provincia y quedar bajo la órbita de otro juzgado federal.
El futuro de la causa quedó abierto, ya que el otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por cuestiones de salud. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la definición sobre el nuevo magistrado debería resolverse mediante sorteo y podría recaer en tribunales de Tucumán o Catamarca, jurisdicciones también alcanzadas por la Cámara interviniente.
La decisión de apartar a Argibay se apoyó en un antecedente considerado relevante por la fiscalía: una operación inmobiliaria en la que el magistrado habría tenido vínculo con Toviggino. Se trata de la venta de una finca valuada en torno a los 200 millones de pesos, que fue escriturada por un monto significativamente inferior, cercano a los 20 millones. Este episodio fue interpretado como un elemento que comprometería la objetividad del juez en la investigación.
La causa se centra en presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA, con base operativa en Santiago del Estero. La investigación analiza movimientos financieros, estructuras societarias y transferencias que habrían generado reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.
Transferencias millonarias, empresas vinculadas y una estructura bajo sospecha
El dictamen fiscal avanzó con un pedido de detención contra Tapia, Toviggino y una veintena de personas señaladas como supuestos testaferros o prestanombres. En ese marco, el tesorero de la AFA fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita. La hipótesis sostiene la existencia de una red de empresas y operaciones financieras destinadas a canalizar fondos de origen presuntamente irregular.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la empresa de seguridad SEGON SRL, vinculada al entorno de Toviggino. Según el dictamen, el gobierno de Santiago del Estero transfirió más de 1.243 millones de pesos a esa firma en el lapso de dos años. La compañía resultó adjudicataria en junio de 2024 de una licitación para brindar servicios de vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo por un monto de 380.160.000 pesos a doce meses. Sin embargo, las transferencias comenzaron meses antes de la adjudicación formal y superaron ampliamente ese valor.
El análisis de las cuentas bancarias de la empresa reveló movimientos que alimentaron la sospecha fiscal. De acuerdo con lo consignado en el expediente, el dinero que ingresaba a la cuenta en el Banco de Santiago del Estero permanecía allí menos de 48 horas y era transferido en su mayoría a otras cuentas, lo que dificultaría la trazabilidad de los fondos. “La cuenta funciona como una ‘cuenta puente’”, sostuvo el fiscal en su dictamen, al describir una operatoria que, según su interpretación, buscaba desdibujar el destino final del dinero.
Además de los fondos provinciales, la Municipalidad de Frías también figura como origen de ingresos para SEGON SRL. A esto se suman transferencias directas de la AFA, que realizó 36 operaciones entre 2024 y 2025 con montos que oscilaron entre 36 y 62 millones de pesos. En total, la entidad giró más de 1.328 millones de pesos a la firma, según precisó la fiscalía en datos citados por Infobae.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025, en la que se señalaba un presunto desvío de fondos públicos provinciales para beneficiar negocios vinculados a Toviggino. Con el apartamiento del juez Argibay, la causa entra ahora en una nueva etapa, atravesada por la incertidumbre sobre su continuidad y la definición del magistrado que quedará a cargo.
