Ambos habrían facilitado el avance de la obra en un contexto de ilegalidad y con fuerte impacto sobre los vecinos del lugar.
La investigación penal en curso por presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto privado en la zona de Costa Pobre puso en el centro de la escena al intendente Mauro Poletti y a la concejala Marcela Isarra, quienes aparecen señalados como parte de un entramado de responsabilidades que, según la denuncia, habría permitido el avance de una obra en un marco de ilegalidad y con fuerte impacto sobre los vecinos del lugar.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por vecinos de Costa Pobre junto a una organización no gubernamental, que derivó en una investigación del Ministerio Público Fiscal y en el dictado de una medida de “no innovar” para frenar los trabajos en el predio. La cautelar ordena el cese inmediato de las intervenciones en el área, en el marco de una causa penal que busca determinar la posible comisión de varios delitos por parte de funcionarios municipales y directivos vinculados al proyecto.
Entre los delitos que se investigan figuran incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. La investigación sostiene que existiría una “convivencia” entre autoridades municipales y la empresa a cargo de las obras, que habría permitido el avance del emprendimiento sin los controles ambientales y administrativos correspondientes.
Uno de los hechos más graves señalados en la denuncia es el cierre y la destrucción del camino histórico de acceso al barrio, que durante más de cuatro décadas fue el principal ingreso para numerosas familias que residen en Costa Pobre. En las últimas horas, la colocación de un portón en el acceso por calle Traverso impidió la circulación de los vecinos, dejando a varias viviendas prácticamente aisladas y con dificultades para el ingreso de servicios de emergencia.
Según la presentación judicial, no existiría ninguna orden que autorice a la empresa a clausurar ese camino, que constituye un paso público o, en su defecto, una servidumbre de paso de uso perpetuo. La medida habría sido tomada de manera unilateral, agravando el cuadro de situación y reforzando la hipótesis delictiva que se investiga.
La denuncia también apunta al rol del municipio, al señalar que el gobierno local habría incumplido su deber de control del territorio, una facultad primaria que le otorga la normativa vigente. Además, se advierte que no hubo respuestas a pedidos formales de información, lo que sumaría nuevas irregularidades a la causa.
En este contexto, las miradas se posan directamente sobre el intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra, quienes, de acuerdo a los elementos recolectados, habrían realizado declaraciones públicas que hoy forman parte del cuerpo probatorio. La investigación busca establecer si existió un acompañamiento político e institucional al proyecto, más allá de una simple omisión, que habría facilitado el avance de una obra considerada ilegal.
Mientras tanto, los vecinos de Costa Pobre continúan reclamando una respuesta concreta del municipio y medidas urgentes que garanticen la libre circulación, el acceso a los servicios esenciales y la protección de sus derechos, en un escenario que suma tensión y mantiene en vilo a toda la comunidad.
