El juez federal, promovido por el Gobierno para la Corte Suprema, asumió el expediente que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El magistrado resultó sorteado luego de que Sebastián Casanello finalizara la subrogancia del Juzgado Federal 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio.
Lijo, titular del Juzgado Federal 7, asumirá el expediente que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y a otros colaboradores del entorno libertario. Casanello subrogaba ese juzgado desde el año pasado y comunicó a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa función, lo que derivó en el nuevo sorteo.
En el mismo procedimiento también fue sorteada la jueza Sandra Arroyo Salgado, aunque no resultó designada. La magistrada viene de archivar la investigación por la toma de deuda con el FMI, causa en la que están procesados los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además del expresidente Mauricio Macri.
Procesamientos en la causa
El expediente cuenta con 19 procesamientos. Entre los imputados figuran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian. Se les atribuyen delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita. Además, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance de la investigación.
Las medidas habían sido dispuestas por Casanello en el marco de la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades vinculadas al cargo que Spagnuolo ocupaba como ex director de la ANDIS.
Antecedente en la Corte Suprema
A principios del año pasado, el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Sin embargo, no obtuvo el respaldo del Senado.
En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo como juez en lugar de solicitar una licencia. El magistrado se negó a hacerlo y la postulación no prosperó.
