Arroyo Salgado detalló el nuevo sistema para frenar el delito tras las rejas
NewsITe
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado reveló que el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha un sistema de detección y bloqueo de celulares en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, con el objetivo de cortar el uso de teléfonos móviles para comandar delitos desde las cárceles. La herramienta tecnológica permite identificar en tiempo real la ubicación y los datos de los dispositivos y de las tarjetas SIM que se encuentren activos dentro del perímetro del penal.
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De acuerdo con la magistrada, el sistema georreferencia cada aparato que se conecta a la red dentro de la cárcel y recupera información clave para las investigaciones, como el código IMSI —que identifica la línea o cuenta del usuario en la red móvil— y el código IMEI, considerado el “DNI” único del hardware del teléfono. Con estos datos, las fuerzas de seguridad pueden reconstruir quién usa cada equipo y cómo se articulan las bandas delictivas puertas adentro del servicio penitenciario.
En declaraciones radiales, Arroyo Salgado sostuvo que la intención del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, es extender este sistema a todos los penales del Servicio Penitenciario Federal. El objetivo es reducir de manera drástica la capacidad de organización delictiva desde el encierro, especialmente en causas vinculadas al narcotráfico, robos violentos, extorsiones, estafas virtuales y delitos contra la integridad sexual.
La jueza advirtió que se han registrado numerosos hechos criminales planificados y ejecutados íntegramente desde prisión a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Entre los casos más graves mencionó condenas por abuso sexual infantil y maniobras de extorsión en las que, desde una celda y mediante un celular, los responsables sometieron a las víctimas a hostigamiento, manipulación psicológica y amenazas sistemáticas.
Arroyo Salgado también apuntó contra la situación particular de la provincia de Buenos Aires, donde la utilización de celulares por parte de las personas privadas de libertad se generalizó durante la pandemia de Covid-19, a partir de un habeas corpus colectivo orientado a sostener los vínculos familiares en un contexto de aislamiento sanitario. Según subrayó, esa práctica continúa hoy sin un sustento normativo claro ni respaldo jurisprudencial firme.
Las autoridades bonaerenses, explicó, argumentan que retirar los teléfonos podría desencadenar motines y tensiones dentro de las unidades carcelarias. Sin embargo, la jueza considera que ese temor no puede justificar la continuidad de un esquema que, en la práctica, convierte a muchas cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales con impacto directo en la seguridad de la sociedad.
Control tecnológico y debate sobre derechos
- El sistema instalado en Ezeiza detecta y localiza en tiempo real celulares y tarjetas SIM dentro del penal.
- Permite obtener datos técnicos como IMSI e IMEI, fundamentales para identificar líneas y equipos.
- El Ministerio de Seguridad busca replicarlo en todo el sistema penitenciario federal.
- La provincia de Buenos Aires mantiene el uso de celulares por un criterio adoptado en pandemia.
“El uso indiscriminado de celulares convierte a las cárceles en centros de operaciones delictivas, afectando gravemente a la sociedad”, remarcó Arroyo Salgado.
Mientras avanza la implementación del nuevo sistema, se reabre el debate sobre cómo compatibilizar el derecho a mantener vínculos familiares de las personas detenidas con la necesidad de impedir que las cárceles sigan funcionando como base para delitos complejos. La discusión promete intensificarse a medida que la tecnología de bloqueo se expanda a otros penales del país y obligue a redefinir protocolos y regulaciones en materia penitenciaria.
