Australia bloquea 4,7 millones de cuentas de menores en redes

Australia endurece el control sobre las cuentas de menores en redes sociales

Regulador australiano controla redes sociales para proteger a menores

NewsITe

Australia dio un paso decisivo en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad: desde la entrada en vigencia de una nueva legislación, las grandes plataformas bloquearon alrededor de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a usuarios menores de 16 años. La medida apunta a reducir los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes en entornos digitales cada vez más complejos.

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La normativa, que comenzó a regir el 10 de diciembre, obliga a empresas como Meta, TikTok y YouTube a impedir que los menores de 16 años creen o mantengan perfiles activos en sus servicios. El cumplimiento es supervisado por la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety), que puede aplicar sanciones millonarias a las compañías que no adopten “medidas razonables” para hacer respetar la edad mínima.

Según los primeros datos difundidos por la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, las plataformas han mostrado un nivel de respuesta que el organismo califica como significativo. En un comunicado, la funcionaria señaló que la combinación de regulaciones más estrictas y un trabajo conjunto con las empresas tecnológicas ya está arrojando resultados concretos en términos de protección de menores.

Multas millonarias y presión sobre las grandes plataformas

La ley australiana prevé multas de hasta 33 millones de dólares para las compañías que no se ajusten a las nuevas exigencias. En ese marco, Meta informó que, solo en los días previos al 11 de diciembre, retiró 331.000 cuentas de menores en Instagram, 173.000 en Facebook y 40.000 en Threads. El dato refleja la magnitud de la presencia de adolescentes en redes que, en teoría, no deberían estar utilizando.

Aun así, la empresa de Mark Zuckerberg insiste en que la regulación debería ir más allá de las plataformas. Meta volvió a reclamar que se obligue a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de los usuarios y a exigir la autorización de padres o tutores antes de que un menor pueda descargar las apps de redes sociales. A su entender, ese es el único modo de evitar que los adolescentes migren de una aplicación a otra para esquivar las restricciones.

El desafío de verificar la edad y evitar la “fuga” a nuevas apps

Desde la Comisión de Seguridad Electrónica reconocen que la verificación precisa de la edad es un proceso complejo que lleva tiempo y requiere ajustes tecnológicos permanentes. Sin embargo, el regulador sostiene que la industria tiene la responsabilidad de minimizar las posibilidades de eludir la normativa, y recordó que esa obligación está detallada en las directrices de eSafety dirigidas a las empresas del sector.

  • Las plataformas deben demostrar que aplican mecanismos concretos para detectar y bloquear cuentas de menores.
  • Las empresas enfrentan sanciones económicas si no prueban esfuerzos suficientes y continuos.
  • El regulador exige colaboración activa para identificar nuevas vías de elusión.

En paralelo a la puesta en marcha de la ley, se registró un fuerte incremento en las descargas de redes menos conocidas, como BlueSky y Lemon8, por parte de usuarios adolescentes que buscaban alternativas a los servicios más tradicionales. No obstante, ambas plataformas admitieron estar alcanzadas por la legislación australiana y declararon que trabajan en coordinación con el ente regulador.

“Dada la gran cantidad de servicios en línea y la rápida evolución de la industria tecnológica, es imposible enumerar todos los servicios que cumplen las condiciones y están obligados a cumplir con la obligación de edad mínima en las redes sociales”, explicó la comisionada Julie Inman Grant.

El caso australiano es seguido de cerca por otros países que analizan aplicar marcos regulatorios más estrictos sobre las redes sociales. El debate sobre cómo proteger a los menores sin vulnerar la privacidad ni limitar en exceso el acceso a la información se instalará con fuerza en la agenda internacional, mientras gobiernos y empresas buscan un delicado equilibrio entre innovación tecnológica y resguardo de derechos.

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