La Justicia federal endurece el caso Hudson Park en Berazategui
NewsITe
La causa judicial en torno al fideicomiso Hudson Park volvió a sacudir a Berazategui. La investigación, que comenzó como un conflicto ligado a un emprendimiento inmobiliario, se transformó en un expediente de claro perfil penal económico bajo la órbita del Juzgado Federal de Quilmes.
De acuerdo con fuentes judiciales, el juez Luis Armella resolvió ampliar las medidas cautelares y avanzar con una batería de decisiones que impactan de lleno sobre el entramado societario vinculado al proyecto. Entre las disposiciones más relevantes figuran la inhibición general de bienes, la prohibición de salida del país para los involucrados y restricciones para designar administradores sin previa autorización del magistrado.
En el expediente se habla de una verdadera “banda” organizada en torno a la administración del fideicomiso, a la que se le atribuyen maniobras que podrían encuadrarse en presunto lavado de activos y estafas reiteradas. Los investigadores detectaron movimientos de fondos mayormente en efectivo, con escasa documentación de respaldo y importantes debilidades en la registración contable, un combo que encendió todas las alarmas.
Ese escenario refuerza la sospecha de que el emprendimiento habría operado durante años con controles laxos, pese a su impacto territorial y al número de vecinos potencialmente afectados. La Justicia decidió poner un freno a cualquier intento de rearrancar el esquema: se prohibió contratar con la administración cuestionada y se bloqueó la posibilidad de designar un nuevo administrador sin el visto bueno del juzgado, para evitar maniobras de recambio que solo funcionen como fachada.
Un caso testigo para los controles municipales
Más allá de las derivaciones penales, la ofensiva judicial deja expuesto un fuerte déficit de control a nivel local sobre megadesarrollos inmobiliarios que avanzan en zonas urbanas y suburbanas. El caso Hudson Park se perfila como un antecedente relevante para otros municipios, donde la supervisión sobre fideicomisos y grandes proyectos suele quedar fragmentada entre áreas técnicas, de planeamiento y de recaudación.
- Se amplió la inhibición general de bienes de personas y sociedades asociadas al fideicomiso.
- Se ordenó la prohibición de salida del país para los principales involucrados en la operatoria.
- Se restringió severamente la posibilidad de nombrar administradores sin autorización judicial.
- Se investigan posibles delitos de lavado de activos y estafas reiteradas.
La causa deja al descubierto un agujero de control sobre un emprendimiento que creció a la vista de todos y que hoy está bajo la lupa por la ruta del dinero.
En los próximos meses se esperan nuevas medidas de prueba y eventuales llamados a indagatoria que podrían profundizar el impacto político y económico del caso. Mientras tanto, Hudson Park permanece virtualmente congelado por orden judicial, en un escenario que abre interrogantes sobre el futuro del desarrollo y la protección de los derechos de los inversores y vecinos afectados.
