La Justicia de Tarija avanza en una causa sensible contra el exmandatario
NewsITe
La Justicia del departamento de Tarija declaró en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales Ayma, en el marco del juicio que se le sigue por presunta trata agravada de personas. La decisión se tomó luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia inaugural del proceso oral, una instancia clave en una causa que genera fuerte impacto político e institucional en Bolivia.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que se cumplieron todas las formalidades para la instalación del debate. Pese a ello, ni Morales ni su equipo jurídico acudieron ante el Tribunal Primero de Sentencia, encabezado por el juez Carlos Oblitas. Ante esa inasistencia, el magistrado dispuso la declaratoria de rebeldía, lo que habilita la emisión de una orden de captura y otras medidas restrictivas como el arraigo migratorio.
Según consignan medios locales, la causa está vinculada a una presunta relación de Morales con una menor de edad durante su gestión de gobierno y a la posible existencia de una hija en común. La fiscalía encuadra la investigación en la figura de trata agravada de personas. Se trata de un expediente sensible que mezcla denuncias privadas, posibles delitos graves y un fuerte trasfondo de disputa de poder en el oficialismo boliviano.
Orden de captura y acusación de trata agravada
Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal ordenó la captura del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien se encontraría en la región cocalera del Chapare, su histórico bastión político y sindical. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, afirmó que el Ministerio Público cuenta con una “base sólida” para sostener la acusación en juicio.
- La fiscalía asegura haber reunido más de 170 elementos probatorios contra el exmandatario.
- Las evidencias, según Mogro, respaldan la imputación por trata de personas en su modalidad agravada.
“Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, señaló el fiscal Mogro al fundamentar la continuidad del proceso.
La acusación profundiza la crisis política boliviana, en un contexto de tensiones internas en el oficialismo y de cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial. El avance de este expediente se suma a otras causas que rodean a figuras centrales de la escena política del país andino.
La defensa habla de persecución política y cuestiona el proceso
El equipo legal de Morales insiste en que el conflicto responde a motivaciones políticas. El exprocurador Wilfredo Chávez, uno de sus principales abogados, argumentó que el líder del MAS no fue notificado en forma adecuada y que por ello no se presentó a la audiencia. Según su interpretación, la rebeldía se declaró violando garantías básicas del debido proceso.
Chávez calificó el caso como una “persecución política” destinada a desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que enfrenta Bolivia. En la misma línea, el abogado Nelson Cox advirtió que el tribunal no estaría respetando estándares internacionales en materia de derechos humanos y afirmó que la causa constituye una instrumentalización de la justicia.
De acuerdo con la defensa, el expediente se originó en 2024, durante la presidencia de Luis Arce, y mantiene vigencia en la actualidad como parte de una disputa interna en el oficialismo. Mientras tanto, la orden de captura contra Morales y el curso del juicio mantienen en vilo al escenario político boliviano y generan atención en la región.
