Carlos Mahiques pidió al Senado seguir cinco años más en Casación
NewsITe
En una audiencia cargada de tensión política, el juez federal Carlos Mahiques solicitó este martes al Senado de la Nación la ratificación de su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal por un nuevo período de cinco años. Ante la Comisión de Acuerdos, el magistrado aseguró que está “preparado y comprometido” para seguir desempeñando funciones y defendió su trayectoria dentro del Poder Judicial.
Mahiques, padre del actual ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que su continuidad le permitiría “seguir contribuyendo al sistema judicial” y remarcó que su pliego no implica un nuevo nombramiento sino, según sus palabras, “una prórroga” de la decisión que el propio Senado adoptó en 2018 al trasladarlo a la vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal.
El eje central de la controversia gira en torno a ese traslado, concretado en 2018 desde la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal —a la que había accedido en 2013 tras concursar— hacia la Cámara Federal de Casación Penal. Organizaciones especializadas en justicia y derechos humanos sostienen que, de ser aprobado el pliego, se estaría convalidando una práctica que la Corte Suprema ya consideró inconstitucional.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentaron impugnaciones formales ante la Comisión de Acuerdos. En sus planteos, recordaron el precedente “Bertuzzi” de 2020, en el que el máximo tribunal estableció que los traslados de jueces son actos provisorios y no pueden equipararse a nombramientos definitivos, algo que exige la Constitución Nacional mediante concurso y acuerdo legislativo.
Impugnaciones y defensa política en el Senado
De acuerdo con esas organizaciones, Mahiques ejerce hoy jurisdicción federal sin haber concursado específicamente para ese cargo, lo que —señalan— vulnera el procedimiento constitucional de designación de jueces. “Ese traslado permitió que Mahiques ejerciera la jurisdicción federal sin nunca haber concursado para eso, lo cual viola la Constitución Nacional”, advirtieron en sus escritos, en los que instaron al Senado a rechazar el pliego enviado por el Poder Ejecutivo.
Durante la audiencia, los senadores del bloque peronista retomaron esos argumentos y formularon duras críticas al magistrado, cuestionando tanto el origen de su designación en Casación Federal como la decisión de avanzar con su ratificación en el actual contexto político. La defensa del juez estuvo a cargo de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y del senador radical Maximiliano Abad, quienes resaltaron los antecedentes profesionales de Mahiques y sostuvieron que el trámite en curso es una continuidad institucional de lo resuelto años atrás por la Cámara alta.
- ACIJ e INECIP señalan que el traslado de 2018 no puede considerarse un nombramiento definitivo.
- La Corte Suprema, en el fallo “Bertuzzi”, fijó que los traslados son decisiones provisorias.
- El oficialismo defiende la ratificación como una prórroga de un cargo ya otorgado.
“Acudo ante este Honorable Cuerpo para solicitar la prórroga de la decisión que este mismo Senado, en el año 2018, me otorgó para integrar la vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal”, expresó Mahiques durante su exposición.
Tensión política en la Comisión de Acuerdos
El debate también dejó al descubierto las disputas internas en el Senado por la integración de la Comisión de Acuerdos. La senadora Juliana Di Tullio insistió en que al bloque peronista le corresponden seis lugares en ese cuerpo, pero que solo le fueron otorgados tres, motivo por el cual decidieron no integrarlo formalmente. Su postura fue contestada por el senador de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espíndola, quien defendió la conformación actual de la comisión y el avance de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.
La discusión sobre el futuro de Mahiques se inscribe en un debate más amplio sobre la independencia judicial, la transparencia en los procesos de designación y el alcance de los fallos de la Corte Suprema en materia de traslados de magistrados. La definición final quedará en manos del pleno del Senado, que deberá decidir si ratifica la continuidad del juez o si, por el contrario, sienta un precedente al rechazar un pliego cuestionado por sectores de la oposición y de la sociedad civil.
