Casación ordena investigar la represión a jubilados y aparta a jueces
La Cámara Federal de Casación Penal decidió reabrir la causa por la represión a jubilados durante una manifestación pacífica frente al Congreso de la Nación, al considerar arbitrario el archivo impulsado oportunamente por el fiscal federal Eduardo Taiano. La resolución implica un giro en la investigación sobre el operativo policial desplegado en aquella protesta y ordena avanzar sobre las responsabilidades políticas y operativas del accionar represivo.
El fallo fue emitido por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci. Por mayoría, el tribunal hizo lugar al recurso presentado por la querella encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, histórica referente en causas por violencia institucional.
Según surge de la sentencia, uno de los elementos centrales considerados por la Cámara fueron los registros audiovisuales difundidos por el canal TN, en los que se observa el avance de fuerzas de seguridad sobre jubilados y manifestantes que no ofrecían resistencia. Las imágenes generaron en su momento conmoción entre periodistas y espectadores, y ahora vuelven a cobrar relevancia como prueba del uso desmedido de la fuerza.
Críticas al operativo y alerta por el impacto en la democracia
En su voto, el juez Slokar señaló que el operativo de seguridad, lejos de garantizar derechos básicos como la libertad de expresión y de reunión, se transformó en un obstáculo injustificado para el ejercicio de esas garantías. Habló de un “paradigma de combate” instalado en sectores de las fuerzas de seguridad, incompatible con los estándares democráticos y con la función de protección que el Estado debe ejercer sobre la ciudadanía.
El magistrado advirtió que la violencia estatal dirigida contra sectores vulnerables, como los adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica, tiene un fuerte “efecto desaliento” sobre la participación social y el debate público. Ese impacto, sostuvo, termina erosionando la calidad de la democracia y contribuyendo a la naturalización de prácticas represivas.
- Se cuestionó la actuación del fiscal que había impulsado el archivo de la causa.
- Se enfatizó la obligación del Estado de investigar y sancionar la violencia policial.
- Se recordó que los manifestantes ejercían derechos constitucionales sin presentar resistencia.
Slokar citó además jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a investigar con debida diligencia los hechos de violencia en contextos de protesta social, especialmente cuando las víctimas son manifestantes pacíficos. La impunidad, remarcan esos organismos, alimenta la repetición de abusos y desalienta la denuncia.
Apartamiento de jueces y nuevo escenario judicial
La decisión de Casación no solo dejó sin efecto el archivo de la causa, sino que también dispuso el apartamiento de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes habían intervenido en instancias anteriores. El tribunal ordenó la producción de nuevas medidas de prueba, lo que abre una etapa renovada de investigación sobre responsabilidades materiales y conducciones políticas del operativo.
La jueza Angela Ledesma adhirió al voto de Slokar y sumó cuestionamientos a la actuación del fiscal Taiano, mientras que el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia, al considerar que el recurso presentado por la querella debía ser declarado inadmisible. Pese a esa disidencia, la mayoría alcanzó para revertir el cierre de la causa.
“La ausencia de un control judicial efectivo frente a excesos represivos de las fuerzas de seguridad puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana”, advirtió el tribunal al fundamentar su decisión.
Según fuentes judiciales citadas por la Agencia NA, el fallo cobra especial relevancia en un contexto en el que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos vienen expresando preocupación por las restricciones a las libertades públicas y el tratamiento de la protesta social en la Argentina. La reapertura de la causa por la represión a jubilados se inscribe, así, en un debate más amplio sobre el uso de la fuerza estatal y los límites que impone la Constitución.
