Casación ordena reabrir la investigación por represión a jubilados
NewsITe
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso reabrir la causa que investiga la represión a jubilados durante una protesta realizada frente al Congreso de la Nación y apartó a los jueces federales que habían intervenido en el expediente. La decisión cuestiona de manera directa el archivo de la causa impulsado por el fiscal Eduardo Taiano y ordena profundizar la pesquisa sobre todos los responsables del operativo de seguridad.
El fallo fue dictado por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci. La mayoría del tribunal hizo lugar al recurso presentado por la querella encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien actúa con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, reconocida por su trabajo en causas de violencia institucional.
Según surge de la resolución, los magistrados valoraron especialmente los registros audiovisuales del canal de noticias TN, en los que se observa el accionar de las fuerzas de seguridad contra manifestantes jubilados que no ofrecían resistencia. Las imágenes generaron conmoción entre los periodistas que cubrían la movilización y se convirtieron en una prueba central para revisar la actuación policial y judicial.
En su voto, Slokar remarcó que el operativo de seguridad, lejos de garantizar el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión, terminó funcionando como un obstáculo ilegítimo mediante el uso injustificado de la fuerza. El juez advirtió sobre la existencia de un “paradigma de combate” en ciertos sectores de las fuerzas de seguridad, incompatible con los estándares democráticos.
Impacto institucional y contexto de derechos humanos
El magistrado también alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables, como los jubilados, genera un “efecto desaliento” que puede inhibir la participación ciudadana en la vida pública y empobrecer el debate democrático. En esa línea, recordó que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen a los Estados investigar con seriedad las denuncias de represión a manifestantes pacíficos y evitar la impunidad.
La jueza Angela Ledesma adhirió a los argumentos de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal que había promovido el archivo, mientras que Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso de la querella. No obstante, la mayoría se impuso y dejó sin efecto la decisión anterior.
- Se reabre la investigación por la represión a jubilados frente al Congreso.
- Se ordena producir nuevas pruebas y revisar el accionar policial y judicial.
- Quedan apartados los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
- El fallo se inscribe en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre libertades públicas en la Argentina.
“La falta de control judicial frente a excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana”, advirtió el tribunal en su resolución.
Casación ordenó que se adopten nuevas medidas de prueba para esclarecer las responsabilidades políticas, operativas y materiales en la represión, y remarcó el deber del Poder Judicial de garantizar el control de la fuerza estatal. En un escenario de creciente atención internacional sobre el respeto a las libertades públicas en el país, la decisión aparece como un mensaje institucional sobre los límites que deben regir la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social.
