Caso ANDIS: la Justicia acelera la ronda de indagatorias
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) seguirá sumando capítulos durante todo mayo, con una extensa ronda de indagatorias a los 35 imputados entre exfuncionarios, empresarios y proveedores que trabajaban con el organismo nacional.
De acuerdo con fuentes judiciales, las declaraciones serán encabezadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes buscan reconstruir el circuito de contrataciones y prestaciones presuntamente irregulares dentro de la agencia. El cronograma prevé que esta etapa se extienda hasta aproximadamente el 26 de mayo, fecha en la que se cerraría la primera ronda de llamados a indagatoria.
La investigación se originó a partir de una serie de audios filtrados en los que se describirían maniobras de corrupción vinculadas a la provisión de insumos y servicios destinados a personas con discapacidad, un área especialmente sensible por el impacto directo sobre beneficiarios de todo el país.
Peritaje clave sobre los audios y rol de la Inteligencia Artificial
En una decisión considerada central para el futuro de la causa, el juez Lijo ordenó realizar pericias técnicas sobre los audios que dieron origen a la investigación. El trabajo fue delegado a especialistas de la Gendarmería Nacional, quienes deberán determinar si las grabaciones son originales o si pudieron haber sido manipuladas mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
Los peritos analizarán posibles ediciones, cortes, superposiciones de voces y cualquier tipo de alteración digital. El resultado del estudio será determinante para establecer el valor probatorio de esas grabaciones dentro del expediente y para definir, eventualmente, nuevas medidas de prueba.
La defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, representado por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o modificados artificialmente, por lo que cuestiona su autenticidad y pretende que sean descartados como elemento central de acusación.
Empresas investigadas e inhibición de bienes
En paralelo al avance de las indagatorias, la Justicia Federal decidió mantener la inhibición general de bienes sobre los imputados y sobre un conjunto de empresas proveedoras vinculadas a la causa. Entre ellas se encuentran firmas dedicadas a la comercialización de prótesis, sillas de ruedas y medicamentos de alto costo, rubros donde se registran fuertes volúmenes de contratación estatal.
La medida apunta a garantizar un eventual recupero de fondos en caso de comprobarse maniobras fraudulentas en las compras o en la provisión de servicios dentro del ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta herramienta cautelar impide la venta o transferencia de bienes por parte de los acusados mientras avance el proceso.
Impacto institucional y próximos pasos
- Más de una treintena de imputados, entre exfuncionarios y privados, deberán responder ante la Justicia durante mayo.
- El peritaje de los audios por parte de Gendarmería será clave para definir la solidez de la acusación.
- La inhibición de bienes busca proteger el eventual interés del Estado y de los beneficiarios del sistema de discapacidad.
Con el foco puesto en la transparencia de la gestión de recursos para personas con discapacidad, el avance de esta causa será seguido de cerca tanto por el ámbito político como por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector. Una vez finalizada la ronda de indagatorias y conocidos los informes periciales, el juez deberá resolver la situación procesal de cada uno de los investigados.
