Caso Jeremías Monzón: piden sobreseer a un menor por inimputable

Audiencia clave por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

NewsITe

Una audiencia judicial para resolver el sobreseimiento de uno de los menores implicados en el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en Santo Tomé, se realizará el lunes 4 de mayo en los Tribunales de Santa Fe. El caso volvió a encender el debate sobre los límites de la ley penal juvenil en la Argentina.

El joven en cuestión, identificado como B.S.V., tenía 14 años al momento del ataque ocurrido el 18 de diciembre. Por esa razón, su defensora oficial solicitó el sobreseimiento por inimputabilidad, en el marco de la legislación penal juvenil que regía al momento del hecho.

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Bruno Rugna, uno de los abogados de la madre de Jeremías, explicó que con esta audiencia “va a quedar terminado el trámite para ese menor”, más allá de que ya se había acordado que permaneciera bajo determinadas medidas de seguridad. El planteo judicial expone, una vez más, las limitaciones del régimen penal que se aplica a los menores de 16 años.

La postura de la familia y el cuestionamiento a la ley vigente

Romina Monzón, madre de Jeremías, manifestó su profundo malestar con la situación y remarcó que el acusado será evaluado bajo la “ley vieja”, es decir, el régimen penal juvenil que estaba en vigencia cuando ocurrió el crimen. Señaló, además, que un equipo de salud mental sigue de cerca la conducta del adolescente y pidió que continúe siendo controlado.

La mujer cuestionó con dureza el sistema legal actual al remarcar que, aun frente a delitos extremadamente graves cometidos por menores de 16 años —incluyendo situaciones de extrema violencia, planificación del hecho, ocultamiento de pruebas y difusión de imágenes—, la consecuencia suele ser el sobreseimiento sin que quede ningún antecedente penal.

El proyecto de “Ley Jeremías” y el debate sobre la inimputabilidad

Ante esta realidad, la familia impulsó la denominada “Ley Jeremías”, una iniciativa que busca modificar el régimen penal juvenil para que casos como el de su hijo no queden sin respuesta judicial efectiva. El objetivo es que hechos de extrema violencia cometidos por menores sean tratados con mayor rigor, sin perder de vista el abordaje integral y la intervención de equipos especializados.

Sin embargo, el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado en el Congreso no es retroactivo, por lo que no se aplica a la investigación por el homicidio de Jeremías. Esto significa que los procesos en curso, como el de B.S.V., se mantienen bajo las normas anteriores, lo que genera frustración y sensación de impunidad en la familia de la víctima.

Un caso de alto impacto social y judicial

El expediente está caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, figura que prevé como única pena posible la prisión perpetua para los imputables. En la causa se encuentra involucrada también Milagros A., de 16 años, alojada en un reformatorio de Rosario, mientras que su madre continúa detenida en una cárcel de mujeres de la misma ciudad.

  • El crimen ocurrió el 18 de diciembre en la ciudad de Santo Tomé.
  • Uno de los acusados tenía 14 años al momento del hecho y es inimputable.
  • La familia impulsó la “Ley Jeremías” para cambiar el régimen penal juvenil.
  • El nuevo régimen no se aplica retroactivamente a este caso.

Además del reclamo judicial, la madre de Jeremías denunció que el video del crimen sigue circulando en redes sociales como TikTok, Facebook, X, Instagram, Telegram y Reddit. Según remarcó, realizan denuncias permanentes contra cuentas que difunden esas imágenes, que reabren el dolor de la familia y vulneran la dignidad de la víctima.

“Entiendo que no iba a haber justicia para mi hijo, pero la Ley Jeremías fue pensada para que otras familias no pasen por lo mismo”, expresó Romina Monzón.

La audiencia por el pedido de sobreseimiento de B.S.V. será un capítulo más en una causa que ya trascendió el plano individual y se convirtió en símbolo del debate sobre la inimputabilidad, la responsabilidad penal juvenil y la necesidad de actualizar las respuestas del sistema judicial frente a delitos graves cometidos por menores.

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