La audiencia preparatoria de juicio en la causa que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y a seis exempleados de la firma denunciante continúa en agenda. Fuentes vinculadas al proceso sostuvieron que el recurso pendiente no impediría su realización prevista para la semana entrante. Los sindicalistas camioneros, acusados de pedir coimas y de bloquear la planta, podrían ser juzgados en septiembre próximo.
De la redacción de EL NORTE
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El próximo jueves 16 de abril se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 la audiencia preparatoria de juicio correspondiente al proceso seguido contra los sindicalistas camioneros por turbación de la posesión y extorsión. La medida –que será de modalidad virtual– tiene como objetivo preparar el juicio oral, depurar la prueba, resolver incidencias, fijar los hechos controvertidos y buscar salidas alternativas como, por ejemplo, el juicio abreviado.
En la causa están imputados los líderes del gremio Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y seis exempleados de la firma sampedrina denunciante, Rey Distribución. La notificación de la composición de la Corte para resolver un recurso presentado por el abogado Gabriel Ruiz, defensor de los seis trabajadores, sembró dudas acerca de la realización o no de la audiencia preliminar al debate.
Por su parte, uno de los abogados defensores de Cabaleyro y Espíndola, el profesional Mauricio Gugger, en diálogo con EL NORTE, declinó efectuar declaraciones, pero manifestó que no estima posible una suspensión de la audiencia. “No creo que el recurso pendiente impida el avance de la causa. Desde la defensa de Cabaleyro y Espindola no tenemos declaraciones para hacer; esperaremos la audiencia, que va a ser virtual, y luego de ello nos prepararemos para el juicio oral y público”, manifestó el letrado.
En igual sentido se expresaron fuentes vinculadas a la acusación. Estimaron que no hay razones para dilatar el debate y que el cuestionamiento por supuesta incompatibilidad de funciones de la senadora Florencia Arietto –representante de los propietarios de la empresa Rey– carece de base legal. Asimismo, indicaron que una de las presentaciones fue extemporánea y que existen planteos que exceden las facultades del letrado.
Se supo, además, que, de no acordar un procedimiento abreviado, el juicio –que debería ser de tipo técnico– tendría lugar posiblemente en septiembre próximo.
El pasado 8 de abril se cumplieron cuatro años desde que los líderes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueran puestos bajo prisión preventiva (actualmente cumplen arresto domiciliario monitoreado). Están procesados junto a seis exempleados de la firma sampedrina Rey Distribución por bloquear los ingresos a la planta por un reclamo y, en el caso de los dirigentes gremiales, por turbación de la posesión y extorsión que fueron denunciados por los propietarios de la empresa en 2021. A mediados de marzo, finalmente, la causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión (tres hechos) y extorsión en grado de tentativa (esta última quedó reducida a turbación de la posesión), todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena mínima es de cinco años.
Esa elevación había sufrido varios reveses judiciales y finalmente fue confirmada en diciembre del año pasado. La defensa de los seis empleados, representada por el abogado Gabriel Ruiz, interpuso innumerables objeciones contra ese enjuiciamiento, entre ellos un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial que se haya pendiente de resolución. Ruiz busca anular la elevación a juicio, invalidar la presentación hecha por la senadora Florencia Arietto, readecuar la imputación y garantizar lo que considera una revisión judicial efectiva. Mientras tanto, el tribunal nicoleño mantiene el curso del proceso hacia el debate oral.
Los planteos
La defensa de los seis trabajadores afiliados al gremio de Camioneros Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres –imputados junto Cabaleyro Espindola– cuestiona la elevación a juicio dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3. Entre los principales argumentos señalan que la causa fue elevada a juicio sin que estuvieran resueltas impugnaciones previas y sin que la decisión estuviera firme, ya que está pendiente de decisión el recurso extraordinario de queja ante la Corte provincial. La defensa considera como una “denegación de justicia” la falta de tratamiento de algunos cuestionamientos de fondo y el hecho de que la acusación fiscal no adecuó su acusación a lo resuelto por el Tribunal de Casación, que en noviembre de 2025 modificó parcialmente la calificación legal de uno de los hechos.
Ruiz también cuestiona que el pedido de enjuiciamiento es competencia de la fiscalía y no del particular damnificado, como se hizo en este caso, y sostiene, además, que la intervención de la senadora provincial Florencia Arietto, quien oficiaba como abogada del particular damnificado, sería incompatible con su función legislativa actual.
El caso se conoció en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo –representado por la ahora senadora Florencia Arietto– intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y, en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones, un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, había relatado el empresario. “Al desistir de ello, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento. La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro.
