La concejala del bloque HECHOS, Cecilia Giammaria, presentó una medida cautelar contra la Municipalidad de Ramallo con el objetivo de frenar la aplicación de una nueva tasa al consumo de combustibles que, de implementarse, encarecería significativamente el costo de cargar nafta y gasoil en el distrito. La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Mauro Poletti y aprobada por el bloque oficialista del Concejo Deliberante, que cuenta con mayoría propia.
La acción judicial solicita la suspensión inmediata de un artículo incorporado recientemente al Código Tributario Municipal, denominado “Tasa de Mantenimiento Vial y Control de Tránsito Pesado”. Según lo establecido, el gravamen aplica un recargo por cada litro de combustible expendido en las estaciones de servicio locales, trasladando de manera directa ese costo adicional a los vecinos de Ramallo.
Desde HECHOS cuestionan no solo el contenido de la nueva tasa, sino también la forma en la que fue aprobada. La norma fue votada sin un debate profundo ni instancias de consulta pública, en una sesión que volvió a evidenciar —según denunciaron— la actitud automática del bloque oficialista al convalidar cada una de las decisiones del Ejecutivo, aun cuando implican un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes.
En su presentación judicial, Giammaria sostiene que la denominada “tasa” es manifiestamente inconstitucional, ya que no cumple con los requisitos básicos que la ley exige para este tipo de tributos. Entre los principales cuestionamientos figura la ausencia de una contraprestación concreta: no existe un servicio específico que el Municipio garantice a cambio del cobro, lo que transforma al gravamen en un tributo encubierto cuya única finalidad sería incrementar la recaudación.
“La creación de este sobreprecio al combustible no vuelve al vecino en obras, servicios ni mejoras. Es simplemente una herramienta recaudatoria que se suma a una cadena de decisiones poco claras y carentes de planificación”, advirtió la concejala. En ese sentido, también remarcó la falta de transparencia de la gestión Poletti al no detallar de qué manera se utilizarán los fondos ni presentar un plan de inversión que justifique el nuevo cargo.
Giammaria fue especialmente crítica con el rol del Concejo Deliberante, al que acusó de haberse convertido en una “escribanía del Ejecutivo”. Según señaló, los concejales del oficialismo votaron la ordenanza sin abrir instancias de debate, sin convocar a sectores involucrados y sin analizar el impacto económico que tendrá sobre comerciantes, transportistas y vecinos en general.
“Quiero que los vecinos de Ramallo se queden tranquilos de que vamos a ir hasta las últimas instancias para defenderlos de este atropello. La tasa al combustible que quiere imponer Poletti es una muestra más de la falta de criterio del intendente y de la desesperación por recaudar para cubrir deudas que él mismo generó en el Municipio”, expresó la edil.
La presentación judicial busca ahora que la Justicia suspenda de manera inmediata la aplicación del tributo, mientras se analiza su constitucionalidad. De prosperar la cautelar, el Municipio se vería obligado a retroceder con la medida, evitando así que los vecinos de Ramallo comiencen a pagar un combustible más caro que en las ciudades vecinas.
