Diversos proyectos legislativos buscan limitar el uso de celulares en las cárceles. Denuncian que éstos son usados para coordinar extorsiones, estafas, tráfico de drogas y manejo de bandas criminales. Hace un mes el servicio penitenciario bonaerense dictó una medida restrictiva que alcanza también a la UP3. El caso de Juan Woldryk, desaparecido tras ser extorsionado desde el penal nicoleño, también marcó un punto de inflexión.
De la redacción de EL NORTE
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La desaparición del empleado rural Juan Woldryk, del que nada se sabe desde hace poco más de cuatro años, dejó al descubierto una realidad preocupante: numerosos delitos son perpetrados desde las cárceles. El hombre había sido visto por última vez en su lugar de trabajo en un campo de Bolívar el 30 de marzo de 2022. Su desaparición reveló una oscura trama de amenazas y sextorsión urdidas desde la cárcel de San Nicolás.
El uso de celulares había sido autorizado poco antes, en tiempos de pandemia, y esa autorización no tenía fecha de caducidad. Desde entonces los delitos cometidos desde el interior de las unidades penitenciarias aumentaron de manera alarmante. Hoy son usados para cometer estafas, coordinar extorsiones, tráfico de drogas y hasta para el manejo de bandas criminales. La Fiscalía General de San Nicolás en 2022, a través de un informe, ya había advertido su preocupación ante el fenómeno creciente.
Actualmente existen proyectos legislativos que procuran limitar su uso y desde el servicio penitenciario bonaerense desde hace un mes se restringió el horario para su utilización por parte de los internos. La medida habría sido dispuesta luego de que dos jueces camaristas de San Isidro fueran estafados por reclusos del penal de Magdalena.
En diciembre pasado, otro hecho similar al del trabajador rural tuvo trágicas consecuencias: un granadero se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos tras ser acusado y extorsionado por supuestos contactos con una menor. Este hombre, agobiado por la presión, realizó varios pagos solicitados para “frenar la investigación”, pero la extorsión continuó. Endeudado y sin salida, tomó la decisión de quitarse la vida.
El caso de Juan Woldryk
En 2022, además del enorme incremento en los casos de estafa, se conoció uno de los primeros hechos delictivos graves originado en una cárcel. Fue un caso de “sextorsión” orquestado desde la UP3. El caso emblemático fue el de Juan Carlos Woldryk en Bolívar, quien fue víctima de esta acusación y extorsión. Tras el “apriete” desapareció sin dejar rastro, y su paradero sigue siendo un misterio. Lo buscaron por tierra y aire con perros, drones y helicópteros. Ofrecieron importantes recompensas para quien aportara algún dato para esclarecer el caso, pero desde entonces nada se sabe de él.
El joven fue visto por última vez en su lugar de trabajo en un campo de Bolívar el 30 de marzo de 2022. Su desaparición reveló una oscura trama de amenazas y sextorsión urdidas desde la cárcel de San Nicolás. A Juan Carlos Woldryk “se lo tragó la tierra” en una estancia del área rural de Bolívar.
Pasaron cuatro años y no hay rastros que permitan saber qué pasó con él. Solo se supo que, al momento de la desaparición, Juan estaba siendo engañado y extorsionado por dos internos de la Unidad Penal N°3. Ese 30 de marzo trabajó como lo hacía habitualmente. Al mediodía se detuvo para descansar y a las 14:30 debía retomar las tareas junto a los otros trabajadores, pero no volvió. Un compañero fue hasta su habitación a buscarlo, pero ya no lo encontraron.
Esa tarde el propietario de la Cabaña El Rincón, reportó su desaparición. Juan Carlos Woldryk, quien por entonces tenía 30 años, había desaparecido de la estancia ubicada en el Cuartel XII del Partido de Bolívar, dejando en el lugar sus pertenencias personales. En su habitación encontraron a su perro (que siempre lo acompañaba), su billetera, documento de identidad, las botas y el cargador del celular. Solo faltaban un lazo, una cuchilla y su teléfono móvil.
En medio de la investigación el Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría ordenó la clonación de su celular. Se supo así que entre el 22 y el 26 de marzo de 2022, Woldryk intercambió mensajes con dos sujetos alojados en la UP3. Se trataba de Luis Miguel Galeano y Fernando Fabián Esperón Listorti, quienes estaban extorsionándolo bajo una modalidad conocida como sextorsión.
Los reclusos utilizando perfiles falsos de Facebook y simulando ser policías, lo amenazaron con una falsa denuncia por supuesto intercambio de contenido inapropiado con una menor de edad. El 26 de marzo, Woldryk concretó un pago. Pero los extorsionadores continuaron exigiendo más dinero, mencionando incluso a falsos fiscales y jueces que requerían “su parte”. La víctima, ya sin recursos, les expresó su desesperación, pero siguieron acosándolo. Se supo también que el día de su desaparición, recibió nuevos mensajes de un número identificado como “Fiscal”.
La teoría inicial es que se habría ido por sus propios medios atemorizado ante las amenazas. Desde un perfil falso de Facebook los estafadores consiguieron que iniciara un dialogo intimo con quien suponía era una mujer (se identificaba como “Laurita Fernandez”). Poco después comenzó a recibir mensajes intimidatorios de falsos representantes de la justicia que le pedían dinero para no acusarlo diciéndole que había estado dialogando con una menor
Los extorsionadores fueron procesados, aceptaron un juicio abreviado y una condena unificada de 10 años y 8 meses de prisión efectiva comprensiva de este delito en particular y de una causa anterior por robo. Pero a más de cuatro años del hecho el paradero del trabajador rural sigue siendo un misterio, su desaparición conmueve a toda una comunidad y dejó al descubierto una trama de extorsiones operando de distintas formas desde las cárceles del país.
