El Superior Tribunal de Chubut revisa un fallo clave por daño ambiental
NewsITe
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut realizará este martes una audiencia decisiva para determinar si queda firme la condena contra el productor ganadero Ricardo La Regina, sentenciado en 2024 a cuatro años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal, a partir de la destrucción de nidos de pingüinos en el área protegida de Punta Tombo.
La instancia se desarrolla más de tres años después del inicio de la investigación y con un dato central: seis jueces de distintas instancias ya habían confirmado la sentencia en todos sus términos. Ahora será el máximo tribunal provincial el que analice los planteos pendientes y defina si el fallo adquiere carácter definitivo, en un caso seguido de cerca por organizaciones ambientales y especialistas en derecho penal ambiental.
La audiencia estará encabezada por la fiscal general jefa, Florencia Gómez, quien condujo la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde el organismo remarcan que el expediente se sostiene sobre una prueba considerada sólida y consistente, que incluye peritajes, testimonios y recursos tecnológicos avanzados. Entre ellos se utilizaron imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que permitieron reconstruir con precisión el alcance del daño en la colonia de pingüinos.
Un caso testigo en materia de ambiente y fauna silvestre
De acuerdo con la acusación, La Regina hizo abrir con una retroexcavadora un camino paralelo a la costa sin autorización en un sector protegido de Punta Tombo, en plena temporada reproductiva de los pingüinos. Esa maniobra provocó el desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna nativa, afectando nidos, huevos y pichones, y dejando sectores considerados irrecuperables por los especialistas.
Además, al productor se le atribuye la instalación de un alambrado electrificado también sin los permisos correspondientes, lo que habría incrementado el impacto negativo sobre el entorno y la fauna silvestre. Para la fiscalía, el objetivo económico de facilitar el acceso a sus campos fue colocado por encima de la preservación de un ecosistema de altísima sensibilidad y relevancia internacional.
Durante los alegatos finales del juicio, la fiscal Gómez sostuvo que el imputado actuó con «desprecio total por la biodiversidad del lugar», al comprender el alcance de los daños que estaba generando en un área que no le pertenece, sino que está bajo tutela del Estado. Esa valoración fue compartida por los distintos tribunales que intervinieron, que coincidieron en aplicar una pena de prisión efectiva por tratarse de uno de los episodios de mayor gravedad ambiental judicializados en el país.
Impacto jurídico y mensaje para futuros casos
Más allá del desenlace concreto sobre la situación de La Regina, la resolución del Superior Tribunal de Justicia podría marcar un precedente relevante en materia de persecución penal de delitos contra el ambiente y la fauna silvestre en la Argentina. Un eventual aval definitivo a la condena consolidaría el criterio de que intervenciones ilegales en áreas protegidas, con daño comprobado sobre especies emblemáticas y sus hábitats, pueden ser sancionadas con penas de prisión.
- Se investiga la destrucción de 140 nidos de pingüinos en Punta Tombo.
- La pena impuesta fue de 4 años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal.
- El caso incorporó imágenes satelitales de la CONAE como prueba clave.
- Organismos ambientales siguen de cerca la decisión del tribunal chubutense.
“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar”, afirmó la fiscal Florencia Gómez al fundamentar la acusación final contra el productor ganadero.
En un contexto de creciente preocupación por el avance de actividades productivas sobre ecosistemas frágiles, lo que resuelva el máximo tribunal de Chubut será leído como una señal hacia futuros conflictos entre intereses económicos y protección ambiental. Punta Tombo, reconocida por albergar una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, se ubica así en el centro de un debate que excede las fronteras provinciales y que puede influir en la aplicación de la normativa ambiental en todo el país.
