A pesar de que el nuevo Código Tributario ya fue aprobado y se encuentra en plena vigencia desde comienzos de 2026, el conflicto está lejos de cerrarse en Ramallo. Por el contrario, en las últimas semanas se profundizó el malestar de comerciantes, productores y vecinos, que cuestionan con dureza tanto al gobierno municipal que encabeza Mauro Poletti como al bloque oficialista de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante.
El detonante más reciente fue el rechazo a una minuta de comunicación que proponía algo básico en cualquier sistema democrático: una reunión informativa entre el Ejecutivo, el Concejo y entidades representativas como el Centro de Comercio de Villa Ramallo y la Federación Agraria. Lejos de tratarse de una instancia de confrontación, el pedido apuntaba a generar claridad sobre una normativa compleja, extensa y de fuerte impacto económico.
Sin embargo, la negativa del oficialismo a habilitar ese espacio no hizo más que reforzar una percepción que crece en distintos sectores: la falta de pluralismo en el ámbito parlamentario local. Con una mayoría consolidada, el bloque oficialista no solo impone su número, sino que además parece haber optado por clausurar cualquier instancia de debate posterior a la aprobación de las ordenanzas, incluso cuando los efectos de esas decisiones generan incertidumbre o rechazo.
El argumento de que “la discusión ya está saldada” aparece, en este contexto, como una respuesta insuficiente frente a una realidad dinámica. La implementación del Código Tributario dejó al descubierto dudas, dificultades y un fuerte impacto en la economía cotidiana de comerciantes y contribuyentes. Negarse a revisar, explicar o incluso escuchar esas inquietudes no contribuye a la gobernabilidad, sino que profundiza la distancia entre la dirigencia y la sociedad.
En paralelo, el malestar se trasladó con fuerza a las redes sociales, donde comerciantes y vecinos expresaron su preocupación por los aumentos en tasas como Seguridad e Higiene, ABL, habilitaciones y, especialmente, la controvertida tasa del 2% sobre los combustibles. En ese clima, comenzaron a tomar forma versiones sobre posibles presentaciones judiciales para frenar la aplicación de algunos de estos incrementos, considerados desmedidos por los sectores afectados.
Pero el conflicto no se limita únicamente a la presión tributaria. También empieza a emerger con fuerza un reclamo por mayor transparencia en la administración de los recursos públicos. Desde distintos sectores se cuestiona la falta de información clara y accesible sobre la ejecución presupuestaria, y crecen las sospechas en torno a los costos de ciertos eventos organizados por el municipio.
En ese sentido, uno de los casos que más comentarios generó fue el de un espectáculo musical gratuito reciente, donde circularon versiones sobre montos que superarían los 100 millones de pesos. Aunque no existen confirmaciones oficiales detalladas, la ausencia de datos precisos alimenta las dudas y refuerza la demanda de rendición de cuentas.
La combinación de aumentos impositivos, falta de instancias de diálogo y escasa transparencia configura un escenario delicado para la gestión municipal. En lugar de descomprimir la situación, las decisiones políticas parecen ir en sentido contrario, consolidando una lógica cerrada que limita la participación y desalienta el intercambio democrático.
