Investigan presuntas coimas para habilitar importaciones por SIRA
NewsITe
La Justicia federal profundiza la investigación por presuntas coimas ligadas a la obtención de permisos SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, pone bajo la lupa a financistas y ex funcionarios que habrían facilitado el acceso a autorizaciones de importación a cambio de retornos ilegales.
Según surge del expediente, al menos “dos de los cuatro empresarios” sospechados ya fueron identificados como presuntos pagadores de sobornos para destrabar operaciones. El mecanismo habría permitido a determinadas firmas conseguir dólares oficiales para importar y, luego, volcar parte de esas divisas al mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria que se profundizó entre 2020 y 2023.
Las maniobras investigadas se enmarcan en el cepo cambiario y en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado durante la gestión económica de Sergio Massa. De acuerdo con los elementos reunidos, los pagos ilegales habrían oscilado entre el 10 y el 15 por ciento del monto total de las operaciones, lo que configura un posible esquema de corrupción y lavado de activos.
El rol de ex funcionarios y la trama financiera
Entre los principales apuntados figura Germán Cervantes, ex subsecretario de Política y Gestión Comercial y número dos de la Secretaría de Comercio que encabezaba Matías Tombolini. De acuerdo con la pesquisa, habría tenido un rol clave en el control del esquema de importaciones y en la administración de los cupos para acceder al mercado oficial.
Otro de los nombres centrales es el del financista Martín Migueles, vinculado mediáticamente a la empresaria y figura televisiva Wanda Nara. La causa incorpora audios y videos atribuidos a Migueles, secuestrados en más de 30 allanamientos. En ese material se mencionan adquisiciones de relojes de alta gama, autos de lujo y celebraciones ante el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el blue.
Migueles aparece también relacionado con la casa de cambio ARG Exchange, que, según fuentes judiciales, habría operado alrededor de 250 millones de dólares junto a otras agencias y entidades financieras que hoy se encuentran bajo análisis. Los investigadores intentan determinar si parte de esos fondos provino de operaciones simuladas de comercio exterior y de la utilización abusiva de permisos SIRA.
Un funcionario de Tigre y los permisos cuestionados
En otro tramo del expediente se menciona a Daniel Chiliutti, funcionario de la Municipalidad de Tigre, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales. La sospecha es que podría haber contribuido a la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa jurisdicción bonaerense, facilitando su instalación y funcionamiento.
Los audios y comunicaciones analizados por el fiscal Picardi muestran coincidencias temporales entre las gestiones para obtener permisos SIRA y el otorgamiento efectivo de autorizaciones a empresas hoy bajo pesquisa por presuntas importaciones ficticias. Esas operaciones habrían servido, en algunos casos, como pantalla para sacar divisas del país o para blanquear fondos de origen aún no determinado.
- Presuntas coimas de entre el 10 % y el 15 % del valor de las operaciones.
- Investigación sobre ex funcionarios nacionales y un funcionario municipal de Tigre.
- Vínculos con la casa de cambio ARG Exchange y operaciones por unos 250 millones de dólares.
- Posibles maniobras de lavado de activos e importaciones simuladas.
La causa avanza con análisis de audios, videos y documentación contable, mientras se evalúa el eventual llamado a declaración indagatoria de los principales sospechosos.
Con el avance de las medidas de prueba, la Justicia buscará establecer si existió una organización destinada a manipular el sistema SIRA en beneficio de un grupo reducido de empresas y operadores financieros, en perjuicio del resto del entramado productivo que afrontaba severas restricciones para importar. El resultado de esta investigación podría tener impacto no solo penal, sino también político e institucional, al poner bajo escrutinio la transparencia en el manejo de las autorizaciones de comercio exterior durante los años más duros del cepo.
