La operación de compra involucra a Naval Group, señalada en causas internacionales por sobornos, y se da en un contexto de silencio oficial y antecedentes cuestionados en adquisiciones militares
El gobierno nacional reactivó el proceso para la compra de tres submarinos y cuatro lanchas por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares a una empresa francesa que arrastra un extenso historial de denuncias por corrupción en distintos países.
A fines de noviembre de 2024, tras un encuentro bilateral entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, la Argentina avanzó en un principio de acuerdo para adquirir tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind. Las unidades estarían destinadas a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval, respectivamente.
Según informó Ámbito, la operación prevé que la construcción quede a cargo del astillero francés Naval Group, una empresa de capitales privados con participación mayoritaria del Estado francés. La definición generó malestar en la industria naval local, tanto por la exclusión de astilleros nacionales como por los antecedentes internacionales que pesan sobre la firma.
Aunque el proyecto había quedado en suspenso, fue el propio Milei quien volvió a instalar el tema en la agenda pública al asegurar ante la prensa extranjera que la decisión política de avanzar con la compra ya estaba tomada.
Un contexto estratégico sensible
El anuncio se produce en un escenario particular. Desde el hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017, la Armada Argentina carece de una fuerza submarina operativa, una situación que es utilizada como argumento central para justificar la reactivación de la compra.
Sin embargo, tal como reconstruyó el periodista Julián Maradeo en Ámbito, uno de los aspectos menos abordados del debate público es el prontuario de denuncias por sobornos que involucran a Naval Group y a sus denominaciones anteriores desde finales del siglo XX hasta la actualidad.
A lo largo de los años, la empresa fue mencionada en investigaciones judiciales y periodísticas por presuntos hechos de corrupción en contratos militares firmados con Pakistán, Malasia, India y Brasil. En la mayoría de los casos, las acusaciones apuntaron al pago de coimas a funcionarios públicos y al uso de intermediarios para direccionar licitaciones.
Ese historial llevó a que en 2017 la compañía encabezara el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School de la Universidad de Tufts, en un informe producido para la World Peace Foundation.
Silencio oficial y cuestionamientos locales
Consultado por Ámbito en su momento, el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, no brindó explicaciones sobre los motivos que llevaron a elegir al astillero francés para la eventual construcción de las lanchas OPV.
Ese silencio se mantiene hasta la actualidad. Quien la sucedió en el cargo, Alejandra Monteoliva, integraba el mismo equipo de conducción. En paralelo, se presentó una denuncia por una presunta licitación direccionada vinculada al proceso.
Además, sobre Bullrich pesa un antecedente reciente. En noviembre de 2024, la Auditoría General de la Nación cuestionó la compra directa de cuatro lanchas al astillero Israel Shipyards, realizada durante su gestión, tanto por el presunto sobreprecio como por la falta de transparencia del procedimiento. Según el organismo de control, la operatoria se apartó de la normativa vigente e impidió evaluar la razonabilidad del gasto público.
A fines de 2025, el gobierno nacional aprobó el financiamiento para la adquisición directa de cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de euros. La operación se concretó mediante un préstamo del Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, tal como consta en el decreto 924, firmado el 26 de diciembre de ese año.
El origen de las denuncias contra el astillero francés
Las primeras denuncias contra Naval Group se remontan a 1994, durante la venta de tres submarinos a Pakistán. En ese entonces, el astillero estatal DCNS habría pagado 51 millones de euros en sobornos a funcionarios de ese país. Parte de esos fondos, según la Justicia francesa, habría sido canalizada hacia la campaña presidencial de 1995 de Édouard Balladur, a través de intermediarios internacionales.
El periodista e investigador Jean Guisnel documentó que entre 1991 y 2002 DCNS destinó entre el 8% y el 10% del valor de sus ventas a los denominados “gastos comerciales excepcionales”, un eufemismo utilizado para encubrir el pago de comisiones ilegales. Hasta 1999, cuando Francia adhirió a la Convención de la OCDE contra la Corrupción, estas prácticas eran legales y deducibles de impuestos.
Ya en el siglo XXI, uno de los casos más resonantes fue el de Malasia. En 2024, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia solicitó llevar a juicio a exejecutivos de DCNS y de Thales por la venta de submarinos realizada en 2002, bajo sospecha de sobornos al entonces ministro de Defensa malasio, Najib Razak.
En 2016, la empresa volvió a quedar en el centro de la polémica tras la filtración de planos sensibles de los submarinos Scorpène vendidos a India. Un año después, en 2017, el astillero DCNS pasó a denominarse Naval Group, en un intento por despegarse de los escándalos acumulados, aunque continuó bajo control mayoritario del Estado francés, con participación del grupo Thales.
Otro antecedente relevante surgió en Brasil, donde fiscales investigaron si DCNS pagó sobornos en el contrato firmado en 2008 para la venta de cinco submarinos, una operación de 7.500 millones de dólares que quedó bajo la órbita de la causa Lava Jato, según consignó Le Parisien y retomó Ámbito.
