Constructoras del caso Cuadernos en la nueva licitación vial

Constructoras investigadas vuelven a la escena de las rutas nacionales

Acto de apertura de sobres para licitación de rutas nacionales

NewsITe

Varias de las principales constructoras mencionadas en la denominada causa de los Cuadernos volvieron a quedar en el centro de la escena al participar de una de las licitaciones viales más grandes impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, orientada a concesionar unos 2.500 kilómetros de rutas nacionales dentro del esquema de privatización de Corredores Viales.

La apertura de sobres correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones convocó 41 ofertas presentadas por 17 grupos empresarios interesados en operar diferentes tramos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y otros accesos clave que unen la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa, entre otras jurisdicciones.

– Publicidad –

Entre las empresas que se anotaron figura Autovía Construcciones y Servicios (ACS), vinculada al histórico grupo de la familia Cartellone, uno de los conglomerados de infraestructura más relevantes del país y mencionado en expedientes judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la obra pública durante gobiernos anteriores.

También se presentó la firma José J. Chediack, ligada al empresario homónimo, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, cuyo nombre aparece en investigaciones derivadas del caso Cuadernos por presuntos pagos ilegales. A ellas se suma el grupo Roggio, tradicional actor en el negocio de la infraestructura y el transporte, cuyos directivos también quedaron involucrados en actuaciones judiciales abiertas a partir de los apuntes del ex chofer Oscar Centeno.

Quiénes compiten por los nuevos corredores viales

En la lista de oferentes figuran además Panedile, empresa del empresario Hugo Dragonetti, y Rovella Carranza, dos compañías con amplia experiencia en contratos de obra pública a nivel nacional y provincial. Asimismo se presentó CPC, firma del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, que tuvo fuerte expansión en obras viales, energéticas y civiles durante los gobiernos kirchneristas.

El esquema de licitación contempla la presentación de dos sobres por cada oferente: uno técnico, donde se detallan antecedentes, capacidad operativa y solvencia de las compañías, y otro económico, en el que las empresas deberán especificar la tarifa de peaje propuesta para cada corredor en caso de resultar adjudicatarias.

  • Se licitan unos 2.500 kilómetros de rutas nacionales en esta etapa.
  • Participan 17 competidores con 41 ofertas presentadas.
  • El modelo apunta a concesiones privadas con cobro de peaje.
  • Forman parte del proceso empresas mencionadas en la causa Cuadernos.

La estrategia oficial y las próximas licitaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance del nuevo esquema al remarcar que el objetivo del Gobierno es “reemplazar gasto público por inversión privada” en materia de infraestructura, en línea con el programa de ajuste del gasto y reducción del rol del Estado en la ejecución directa de obras.

En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni había afirmado, al anunciar la privatización de Corredores Viales, que con este modelo “se terminó la patria contratista”, en alusión al entramado de empresas y contratistas históricamente vinculados a la obra pública nacional. Sin embargo, la participación de grupos que aparecen en la causa Cuadernos muestra que muchos de esos actores tradicionales vuelven a competir por los nuevos contratos, ahora bajo un esquema de concesiones con fuerte presencia del capital privado.

El oficialismo proyecta licitar cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales hacia 2026, consolidando un cambio de paradigma en el financiamiento y mantenimiento de la red vial.

De concretarse el cronograma, la Red Federal de Concesiones sumará nuevas etapas en los próximos años, con el objetivo de atraer inversiones, mejorar el estado de las rutas estratégicas y redefinir el mapa de la obra pública argentina bajo un modelo de participación privada que promete menos peso para el Estado, pero que vuelve a posicionar a los grandes jugadores del sector en el centro del negocio vial.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -